Sentencia de condena para el líder de la mayoría en el poder

El Tribunal Superior de Casación y Justicia ha condenado, en primera instancia, al líder socialdemócrata y presidente de la Cámara de los Diputados, Liviu Dragnea, a pena de cárcel con ingreso en prisión por instigar a cometer un delito de prevaricación.

Ştefan Stoica, 22.06.2018, 15:57

Terremoto sobre el escenario político de Bucarest: Liviu Dragnea, el hombre político más influyente del PSD y de la coalición de izquierda en el poder, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel con ingreso en prisión, por instigación a cometer un delito de prevaricación. La sentencia no es definitiva. El Tribunal Superior de Casación y Justicia convalidó en primera instancia las acusaciones de la Dirección Nacional Anticorrupción según las que, mientras ocupaba el cargo de presidente del Consejo departamental de Teleorman, Dragnea dispuso la contratación ficticia de dos miembros del partido en la Dirección de Asistencia Social y Protección del Niño. Estas fueron remuneradas con dinero público, aunque en realidad, habrían trabajado exclusivamente para el PSD. Si se confirma, será la segunda condena de Dragnea después de la primera de dos años de pena de cárcel suspendida por intento de fraude electoral. Esta condena fue dada en 2016 y tiene que ver con la implicación de Dragnea en el referéndum del año 2012 de destitución del expresidente Traian Basescu.

Ya que los partidos políticos rumanos respetan los criterios de integridad sólo a nivel declarativo, Liviu Dragnea recibió el mandato de dirigir el PSD en las elecciones y pese a la condena recibida obtuvo el éxito más sonoro de su partido de los dos últimos decenios.

También en estos momentos, los miembros preeminentes del partido, entre los cuales se encuentra la primera ministra, Viorica Dancila, están al lado de Dragnea y alegan, o bien la presunción de inocencia, de la cual el líder socialdemócrata debe beneficiarse hasta el fallo definitivo, o bien un supuesto acto de venganza política. Esta es una vieja obsesión relacionada con las llamadas fuerzas ocultas de los servicios de inteligencia y la DNA, acerca de la cual los socialdemócratas afirman que les acosan sistemáticamente.

El socio de coalición, el presidente de la Alianza de Liberales y Demócratas, Calin Popescu Tariceanu, ha declarado a su vez que la presunción de inocencia debe funcionar.

En cambio, la oposición de derecha solicita que Liviu Dragnea deje todos los cargos públicos que está ocupando en el presente. El líder liberal, Ludovic Orban, ha invitado a los parlamentarios de la mayoría formada del PSD y la ALDE a demarcarse del presidente socialdemócrata y a respaldar la moción de censura iniciada por el PNL.

A su vez, la Unión Salvad Rumanía considera como inaceptable que Dragnea, al que califica de “delincuente con dos condenas penales”, siga ocupando uno de los más importantes cargos de dirección.

La calle, animada nuevamente por las protestas en contra de las controvertidas modificaciones operadas en las leyes de Justicia y los códigos penales, exultó al enterarse de la sentencia.

El pasado jueves, en Bucarest y en otras ciudades del país, tuvieron lugar manifestaciones amplias acompañadas de consignas en contra del PSD y del líder de éste. La gente pidió no sólo que Dragnea renunciara al cargo de presidente de la Cámara de los Diputados sino también la renuncia del Gobierno, la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas.

Liviu Dragnea se tambalea y junto con él su partido y la coalición en el poder. El próximo miércoles, con motivo de la votación de la moción de censura, veremos la primera prueba mayor de resistencia. La manera autoritaria en que Dragnea ha dirigido el PSD ha determinado deserciones del partido. Dragnea no ha representado más que la promesa de cambiar radicalmente la arquitectura institucional y legislativa en su totalidad, en la cual se basa la justicia, para que el actual poder pueda controlarla. La sentencia dictada de este jueves sería equiparable en este caso al fracaso de la propia gestión. Es un veredicto que confirma la independencia de la justicia.