Sin umbral para el abuso de poder
La Cámara de Diputados de Bucarest votó, como órgano decisorio, el proyecto de enmiendas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal.
Ştefan Stoica, 06.04.2023, 12:58
La modificación de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal es un hito en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y, por lo tanto, una obligación asumida por Rumanía a cambio del dinero prometido por la Unión Europea. Los cambios se refieren a los abusos y negligencias en el ejercicio del cargo. El proyecto de ley, que llegó del Senado con escándalo, donde los partidos de la coalición PSD – PNL – UDMR votaron a favor de un umbral de 250.000 leus (unos 50.000 euros) hasta el cual el abuso y la negligencia en el ejercicio del cargo no se consideraban delito, fue drásticamente modificado por los diputados, que eliminaron cualquier umbral para este delito. Lo hicieron a pesar de que el Ministerio de Justicia había propuesto un umbral mucho más bajo, de 9.000 leus, tras la versión adoptada por el Senado y condenada por la oposición y la prensa, a partir de la cual los dos actos estarían tipificados como delito.
Las sucesivas reflexiones y cambios de opinión en el seno de la coalición, rápidamente reprochados por los partidos de la oposición, condujeron finalmente a la supresión del umbral del abuso de poder. Así, según el artículo, el hecho de que un funcionario público no realice un acto previsto por una ley o lo realice violando una disposición contenida en dicha ley, causando un daño o perjuicio a los derechos o intereses legítimos de una persona física o jurídica, se castiga con penas de prisión de 2 a 7 años y la prohibición de ejercer cargos públicos. También se ha eliminado el umbral de negligencia en el ejercicio del cargo, para el que la pena es de multa o prisión de 3 meses a 3 años.
La ausencia de un umbral podría plantear cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal ha sostenido anteriormente que es necesario establecer un umbral para la tipificación como delito siempre que se calcule el daño causado por el acto.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también puede generar polémica, ya que se mantiene la posibilidad de utilizar las interceptaciones realizadas por los servicios especializados como prueba para varios delitos, entre ellos la evasión fiscal y la corrupción. Aunque forma parte de la coalición, la UDMR se abstuvo en la votación del caso. El líder del partido, Kelemen Hunor, afirmó que los servicios de inteligencia no tienen cabida en el proceso penal. «Si el SRI tiene un papel en el proceso penal, ya no podemos hablar de justicia independiente y retrocedemos 10 años», advirtió el líder de la UDMR. La cuestión merece un debate serio en el Parlamento. Durante años, los servicios de inteligencia han sido acusados, uno tras otro, por todos los partidos de estar implicados en el juego político y de hacer y deshacer expedientes que pueden comprometer a uno u otro político. Y la utilización como prueba en juicios por corrupción de grabaciones obtenidas por los servicios de inteligencia corre el riesgo de alimentar las sospechas sobre esta cuestión.
Traducción al español: Antonio Madrid
