Sistema penitenciario y confiscación ampliada
La titular rumana de Justicia, Raluca Pruna, espera beneficiarse del respaldo del Parlamento para el proyecto de ley con respecto a la confiscación ampliada de los bienes conseguidos de manera ilegal.
Bogdan Matei, 16.09.2016, 15:11
El 4 de octubre es la fecha límite para que la directiva comunitaria que prevé la confiscación ampliada de las posesiones relacionadas con una actividad ilegal se transponga a la legislación nacional de los Estados miembros de la UE. En Rumanía, la urgencia inducida por el plazo establecido en Bruselas se sobrepone a los acalorados debates internos en torno a los efectos de la lucha anticorrupción. Desde hace mucho tiempo la prensa, la sociedad civil y los expertos han advertido acerca de que las acusaciones, las detenciones y las condenas espectaculares de los grandes corruptos no son más que un ejercicio platónico mientras a eso no siga la recuperación de los perjuicios ocasionados.
La titular de Justicia en el gobierno tecnócrata de Bucarest, Raluca Pruna, ha anunciado para Radio Rumanía, que ya existe un proyecto de ley al respecto que será avanzado al Parlamento. La ministra no descarta la posibilidad de emitir una ordenanza de urgencia, pero confía a la vez en que gracias a la celeridad de acción de los diputados y senadores, semejante medida no haga falta. La legislación actual, ha añadido Raluca Pruna, prevé ya en el Código Penal la posibilidad de la confiscación ampliada. Desgraciadamente, dicha previsión “no ha sido utilizada en muchos de los casos investigados hasta la fecha y lo que haremos mediante este proyecto es introducir la directiva en su totalidad”. El promedio de las condenas penales de los acusados por delitos de corrupción sigue rondando un 90%, lo que en opinión de la Dirección Nacional Anticorrupción demuestra la calidad del probatorio en los casos penales, así como la profesionalidad de los fiscales. Por otra parte, la jefa de la DNA, Laura Codruta Kovesi, ha destacado que solamente a raíz de los fallos definitivos del año pasado, el Estado tiene que recuperar alrededor de 200 millones de euros y ha insistido en la importancia del cumplimiento de las sentencias, incluso mediante la recuperación de los perjuicios.
“Algunos de los condenados no cumplen íntegramente la pena aplicada por los jueces y son puestos en libertad condicionalmente, sin que el perjuicio sea recuperado o, valiéndose de tretas administrativas. Semejantes situaciones conducen paulatinamente a la pérdida de la autoridad del Estado y a una grave falta de confianza en las instituciones”, ha advertido Kovesi. Hoy por hoy, la titular de justicia afirma que para infracciones de índole económica, un fuerte factor de desánimo sería la confiscación del producto de la infracción y no el cumplimiento de una pena que en general, en Rumanía, y en muchos lugares del mundo, es inferior a la dada por un delito de derecho común.” Raluca Pruna ha apreciado que la introducción de la mencionada directiva puede solucionar también el hacinamiento del sistema penitenciario local.
Este verano, los reclusos han protestado ruidosamente contra las condiciones existentes en las penitenciarías. A su vez, los empleados del sistema han declarado que tienen un exceso de trabajo y están mal retribuidos y se niegan a hacer horas extra lo que podría bloquear la actividad en las penitenciarías a causa del déficit de personal. La Administración Nacional de las Penitenciarías cuenta con 15.000 puestos de los cuales están ocupados solamente 12.000, mientras que el número necesario sería de 20.000 empleados.
