Las pensiones de los magistrados, en la atención de la coalición de Gobierno
El Gobierno de Bucarest intenta, una vez más, encontrar una solución al complejo tema de las pensiones de los magistrados.
Bogdan Matei, 29.10.2025, 10:53
Los líderes de la coalición en el poder en Bucarest decidieron, en su reunión del martes, que el Ejecutivo debe redactar un nuevo proyecto de ley sobre las pensiones de los magistrados, del cual deberá rendir cuentas en el Parlamento. Este tema ha generado controversia durante semanas y provoca fuertes polémicas dentro de la coalición proeuropea de cuatro partidos, PSD-PNL-USR-UDMR.
Según fuentes políticas, el primer ministro liberal, Ilie Bolojan, rechazó la propuesta del PSD de que este proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento bajo estado de emergencia. Los socialdemócratas no se oponen a la intención del primer ministro, pero temen que la opción elegida por Bolojan exceda la fecha límite del 28 de noviembre, fecha en la que debe aprobarse la ley, tal como Rumanía contempla en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, acordado con la Comisión Europea.
Un nuevo proyecto se hizo necesario después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso interpuesto por el Tribunal Supremo de Casación sobre la ley de pensiones de los magistrados y dictaminara que el decreto normativo, del cual el Gobierno también había asumido la responsabilidad en el Parlamento, era inconstitucional.
La decisión versó sobre aspectos procesales, siendo la principal razón invocada por el Tribunal Constitucional para invalidar la ley la falta de un dictamen consultivo del Consejo Superior de la Magistratura. Según el Tribunal Supremo, la ley impugnada violaba decenas de sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional y numerosos principios fundamentales del Estado de Derecho.
El primer ministro había denunciado que los jueces y fiscales rumanos se jubilan a los 48-49 años y que la pensión media en el poder judicial supera los 24.000 leus (el equivalente a unos 4.800 euros). Muchas pensiones alcanzan los 35.000-40.000 leus, especialmente para los magistrados que también han ocupado cargos directivos.
Este hecho se considera escandaloso en una sociedad donde la pensión media equivale a unos 500 euros, dinero por el que una persona común trabaja entre 35 y 40 años. «Mediante la reforma que proponemos, habrá un período de transición de 10 años, al término del cual la jubilación de los magistrados se producirá a los 65 años, la edad de jubilación estándar en Rumania», declaró el primer ministro.
Además, anunció la reducción del monto de la pensión de los magistrados del 100% al 70% de los ingresos netos del último mes, es decir, entre 14.000 y 15.000 leus. «Los magistrados del Tribunal Supremo rechazan rotundamente cualquier intento de debilitar la independencia judicial y su estatus constitucional. La independencia judicial no es negociable ni se puede relativizar mediante argumentos circunstanciales. Es una condición fundamental de la democracia y del Estado de derecho», respondió el Tribunal Supremo en un comunicado.
Analistas del agitado panorama político de Bucarest señalan que la disputa entre el Gobierno y los magistrados ya se encuentra en una fase muy prolongada. Advierten que si el partido no se decide el próximo mes, Rumanía perderá más de 230 millones de euros, que deberían provenir de Bruselas a través del PNRR. Los comentaristas también señalan una anomalía irreparable: los árbitros del partido juegan para uno de los equipos. Los magistrados del Tribunal Constitucional, además, son beneficiarios de pensiones especiales.
(versión en español: Simona Sarbescu)
