Nuevamente sobre la Mineriada
Después de 25 años, la Mineriada desarrollada en junio de 1990 ha vuelto a la mesa de los fiscales rumanos. Estos días, varios exmandatarios rumanos se han visto investigados y acusados. El caso se volvió a abrir en febrero de 2015, unos meses después d
România Internațional, 23.10.2015, 16:51
La Fiscalía General de Bucarest ha continuado estos días la investigación
en el caso de la llamada Mineriada desarrollada del 13 al 15 de junio de
1990, y que puso fin a una gran manifestación contra el poder de izquierda
instalada en Rumanía después de la caída de la dictadura comunista. Los
fiscales han enjuiciado este miércoles por delitos contra la humanidad al
exjefe de Estado, Ion Iliescu, y a dos de sus colaboradores de entonces, el
director del Servicio Rumano de Inteligencia, Virgil
Măgureanu y al ministro de Defensa, Victor Stănculescu. En la misma
investigación también están implicadas otras personas conocidas, el ex primer
ministro, Petre Roman, y su adjunto, Gelu Voican Voiculescu.
Este jueves, en el
mismo caso se han visto enjuiciados el exlíder de los mineros de Valle del Jiu,
Miron Cozma, que se ha declarado inocente y ha afirmado
que no fue él quien trajo a los mineros a Bucarest en junio de 1990, sino las
autoridades, siendo él mismo traído a la capital a la fuerza. Junto a Cozma, se
vieron acusados el exconsejero presidencial Emil Cico Dumitrescu y el
exvicepresidente del Consejo Provisional de Unión Nacional, Cazimir Ionescu.
Cabe recordar que, en junio de 1990, tras unos incidentes violentos en la
capital, que el Ejército ya había conseguido cesar, el expresidente Ion Iliescu
invocó una tentativa de golpe de Estado de la extrema derecha y pidió a la
población que defendiera a las instituciones democráticas. La llegada de los
mineros de Valle del Jiu a Bucarest, donde atacaron la Universidad, las sedes
de los partidos de la oposición y las redacciones de algunos periódicos
independentes, causó cuatro muertos registrados oficialmente, cientos de
heridos y más de mil personas detenidas abusivamente.
El caso de la Mineriada ha
vuelto a la mesa de los fiscales rumanos en febrero de 2015, unos meses después
de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a las autoridades de
Bucarest por la manera en la que investigaron la Minerada desarrollada en
junio de 1990. El 17 de septiembre de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos obligó a Rumanía a volver a abrir las investigaciones y a pagar
indemnizaciones de aproximadamente 60.000 euros a los tres denunciantes que no
encontraron justicia en los tribunales de su país. En Bucarest, la Mineriada
se había investigado durante ocho años, y el caso se cerró con la decisión de
no comenzar la investigación penal.
En cambio, en Estrasburgo, los jueces del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que se violaron algunos artículos
de la Convención Europea de Derechos Humanos respecto a la tortura, a los
tratamientos inhumanos y degradantes o al derecho a la vida. Después de 25
años, el caso de la Mineriada ha vuelto a abrir en el país apasionantes
debates y antiguas heridas. Los fiscales esperan restablecer la justicia en el
acontecimiento más grave desarrollado en Rumanía después de la Revolución
anticomunista de diciembre de 1989.
