Leyes para la aplicación del PNRR
Los diputados aprobaron dos proyectos de ley que Rumanía asumió a través del PNRR.
Roxana Vasile, 27.03.2025, 12:00
Los diputados de Bucarest aprobaron este miércoles dos proyectos de ley que Rumanía ha emprendido a través del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. La primera se refiere a la racionalización de las actividades de las empresas públicas garantizando la competitividad, el crecimiento económico sostenible y la introducción de procedimientos que garanticen la probidad financiera. El decreto es también un objetivo importante para la adhesión de Rumanía a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – subrayó el socialdemócrata Adrian Câciu:
«Quienes dirigen estas empresas deben comprender que su mandato es gestionar los activos del país, que pertenecen al país y no a ellos; no imponer políticas de precios que aumenten la inflación, como ocurrió en el sector energético; ni imponer políticas de acciones, como ocurrió y aún ocurre en el sector energético. Por lo tanto, no deben olvidar de dónde vienen, no deben olvidar que están ahí para servir al Estado rumano y a los ciudadanos rumanos.»
Por el contrario, el representante del partido de oposición S.O.S Rumanía, Dumitru Coarnă, afirma que la ley va en contra del interés nacional:
«Hay más de 240 regiones autónomas y 1200 instituciones que aún pertenecen al Estado rumano. Permítanme nombrar algunas: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romsilva, Salrom… En esta ocasión, también cederán todo lo que aún está en posesión del Estado rumano en el ámbito de la propiedad pública.»
Dado que la Cámara de Diputados era el órgano de decisión en el caso de la ley de racionalización de las actividades de las empresas públicas, luego de su aprobación, la misma pasó a ser promulgada por el presidente del país. Los diputados también tuvieron la última palabra, el miércoles, en el caso de otra ley asumida por Rumanía a través del PNRR. Más concretamente, aquella mediante la cual los funcionarios de la Administración central estarán obligados a inscribirse en el Registro Único de Transparencia de Intereses, quedando prohibido, durante el ejercicio de su mandato, solicitar o aceptar regalos de personas que tengan interés en promover determinados proyectos.
Se vuelve obligatorio publicar reuniones entre funcionarios gubernamentales y terceros que puedan influir en la toma de decisiones, incluidas reuniones sin planificación previa.
El diputado liberal Florin Roman afirma que el proyecto de ley introduce normas sin precedentes:
«Europa nos da dinero, pero también nos pide condiciones y criterios de integridad para quienes son acreedores de ese dinero, y a partir de este momento, las cosas se vuelven, sin comas, sin paréntesis, indudables».
La USR, que hubiera deseado que esta medida se extendiera a otras instituciones como la ANRP (ed. Autoridad Nacional de Restitución de Bienes) o la ANCOM (ed. Autoridad Nacional de Administración y Regulación de las Comunicaciones), condenó el rechazo de una enmienda en este sentido. Además, la ley no se aplica a la administración pública local ni a los miembros del Parlamento.
(versión en español: Simona Sarbescu)
