Medidas para el sector empresarial
Los diputados rumanos han adoptado el proyecto de ley sobre los procedimientos para prevenir la insolvencia y los procedimientos de insolvencia para las personas jurídicas. El primer ministro Victor Ponta ha anunciado que la bajada de los impuestos sobre
Mihai Pelin, 16.04.2014, 19:57
En 2013 Rumanía ocupaba el primer lugar en la clasificación de los países de Europa Central por número de insolvencias y solo Serbia registraba peores resultados, según un estudio reciente. De las 600.000 empresas activas registradas en el Registro Mercantil de Bucarest, el porcentaje de la insolvencia alcanzó el año pasado el 6,4%. El fenómeno se ha extendido en los últimos cinco años especialmente en el sector local durante el período posterior a la crisis. En estas condiciones, la Cámara de los Diputados ha adoptado recientemente el proyecto de ley sobre los procedimientos necesarios para prevenir la insolvencia y los procedimientos de insolvencia para las personas jurídicas. El documento se aplica para los deudores que tienen problemas financieros y establece que el valor mínimo del crédito para el cual se puede introducir la solicitud para iniciar la insolvencia es de 40.000 lei (8.800 euros).
Desde la oposición, los grupos del Partido Nacional Liberal y del Partido Demócrata Liberal han votado en contra y han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Los liberales consideran que la ley es incompleta e injusta. Según ellos, al adoptarla sin incluir las medidas para las personas físicas se perpetúa un doble asero, una discriminación. He aquí la declaración de Alina Gorghiu:
“Rumanía es el único país de la UE, excepto Hungría, en el que no existe la insolvencia de las personas físicas. Hay más de 1.000.000 de rumanos que necesitan este nuevo inicio.”
A su vez, los representantes del poder contradicen a la oposición. Ioan Adam, diputado del Partido Social Demócrata, afirma que la ley asegura el buen desarrollo de los procedimientos de insolvencia:
“A través del mecanismo jurídico, hemos creado para el liquidador judicial la posibilidad de tener las medidas necesarias para poner en marcha este procedimiento más rápidamente, para evitar las causas, los juicios que duraban años y que acababan con la quiebra del agente económico.”
El ministro de Justicia Robert Cazanciuc ha participado en los debates y ha subrayado que la ley de insolvencia apoya al sector empresarial y le ofrece herramientas más eficientes para recuperar los impagos. A su vez, el primer ministro Victor Ponta considera que la ley es extremadamente importante para el sector empresarial honrado. Además, Ponta ha anunciado que la bajada de los impuestos sobre el beneficio reinvertido se aplicará a partir del próximo mes de julio:
“Es una antigua solicitud del sector empresarial que se puede poner en marcha a partir del próximo 1 de julio. Todas las empresas que reinvierten el beneficio reciben un bien merecido apoyo, que inevitablemente significará nuevos empleos, nuevas tasas e impuestos, nuevas ventajas para nuestra sociedad.”
El primer ministro ha hecho este anuncio al firmarse un convenio para crear una plataforma de consultas entre los representantes del Gobierno y los representantes de la Coalición para el Desarrollo de Rumanía, que reúne a 20 asociaciones empresariales. Así, cualquier medida fiscal estará precedida por consultas con el sector empresarial.
