Decisiones importantes en casos de corrupción
Las investigaciones iniciadas por los fiscales anticorrupción han puesto de manifiesto que, como si de una manzana podrida se tratase, la corrupción afecta a una gran parte de la clase política rumana.
Bogdan Matei, 30.04.2015, 15:57
Independientemente de su cargo, región, partido o nacionalidad, algunos personajes que hasta ahora estaban fuera de cualquier sospecha, aparecen ahora en los comunicados enviados por la DNA, como acusados de delitos con los que se han beneficiado pero con los que han arruinado el presupuesto público. Este miércoles, el director de la Compañía Autónoma del Protocolo de Estado, Gabriel Surdu, ha sido arrestado porque habría obtenido del expresidente del Consejo Local Buzău (sudeste), Cristian Bîgiu (del PSD, en el gobierno después de la salida el pasado otoño del PNL, ahora en la oposición) la concesión de algunos contratos públicos a una empresa que el mismo dirigía a través de sus intermediarios.
Debido a esta intervención, dicha empresa obtuvo un contrato por un valor de 11 millones de euros. Bîgiu, que estaba en detención preventiva desde diciembre de 2014 por un delito de cohecho, está ahora en detención domiciliaria. Los últimos nombres incluidos en la lista de presuntos corruptos son el alcalde Raduly Robert y el vicealcalde Domokos Szoke (ambos miembros de la UDMR, ahora en la oposición) de la ciudad de Miercurea Ciuc (centro del país). Según los fiscales, desde 2007 y hasta la fecha, habrían atribuido contratos públicos ilegales a cambio de unos comisiones consistentes. Según un modelo ya consagrado por sus predecesores, el alcalde Raduly ha declarado que nunca ha recibido soborno y que es la víctima de una venganza política.
Persecuciones políticas y étnicas, ridículas en un país en el que la UDMR ha formado parte de muchos gobiernos de coalición y que el pasado noviembre eligió como presidente a un hombre de origen alemán y de confesión luterana, aunque un 90% del electorado está representado por rumanos ortodoxos, habían sido denunciadas hace poco por su compañero de partido, el exdiputado Marko Attila. El Tribunal supremo de Bucarest ha decretado prisión preventiva en ausencia, por abuso de poder. Así los magistrados han aprobado la solicitud de los fiscales de la DNA, que sostienen que el sospechoso, que se encuentra en Hungría, se escapa de la persecución penal tras haber sido acusado de que junto a otros miembros de la Autoridad Nacional para la Restitución de Propiedades habría aprobado compensaciones sobrevaluadas, que han causado un daño de más de 84 millones de euros. Si Marko no se presenta ante el tribunal, los jueces podrían emitir contra él una orden europea de detención.
En cambio, su excompañero, Ioan Ochi (PSD), mantiene su inmunidad tras haber rechazado la Cámara de los Diputados con solo 108 votos favorables y 152 negativos, la solicitud de la DNA de detención y prisión preventiva. Acusado de abuso de poder y cohecho por algunos delitos que habría cometido en 2011 y 2012, como vicepresidente del Consejo Local Braşov (centro), Ochi se ha beneficiado este miércoles de la extraña solidaridad manifestada entre sus compañeros que de esta forma ha agravado el déficit de imagen que afecta a toda la institución. Lo había reconocido, hace menos de 3 meses, en la inauguración de la actual sesión parlamentaria, el presidente de la Cámara de los Diputados el socialdemócrata Valeriu Zgonea, que ha declarado ante sus compañeros que los diputados tienen una imagen pública de » ladrones», «corruptos» y «faltones».
(traducido por S.Sarbescu)
