Un proyecto de ley controvertido
Tan antiguo como la democracia, el debate sobre la relación entre la libertad de expresión y la decencia del discurso público ha vuelto a centrar la atención del escenario político estas semanas en Bucarest.
Bogdan Matei, 16.02.2016, 14:58
La Constitución de la Rumanía postcomunista estipula que la libertad de expresión está garantizada y la censura, prohibida. Sin embargo, esto no ha impedido a los políticos a intentar en repetidas ocasiones, desde los años 90, limitar el derecho de la prensa a investigar casos de corrupción o acusar la simbiosis frecuente entre la administración y los ámbitos mafiosos. Desde que han aparecido internet, las redes sociales y los blogs, la clase política se ha vuelto más vulnerable. Ahora, no sólo los periódicos y las televisiones sino también los ciudadanos pueden denunciar abusos, iniciar campañas públicas o exigir dimisiones.
El Partido Social Demócrata, la formación más longeva en el Gobierno después de la Revolución, con el grupo parlamentario más numeroso en el presente y con el mayor número de escándalos ha sido el objetivo predilecto de los medios de comunicación y de internet. Los comentaristas especulan que no es una casualidad que precisamente el líder socialdemócrata Liviu Dragnea haya iniciado el proyecto de ley llamado Ley antidifamación. Desde el principio, Dragnea había afirmado que el acta normativa promueve la tolerancia y la armonía social y no introduce la censura. El derecho de los grupos minoritarios y vulnerables ante una imagen positiva serían, según afirma Dragnea, el objetivo principal del proyecto legislativo. Los mismos comentaristas han señalado que en realidad también los políticos corruptos son un grupo minoritario, vulnerable últimamente por las acciones de los fiscales y las sentencias de los jueces.
Una explosión de indignación ha acompañado al anuncio según el cual el proyecto de ley prevé que la difamación en el espacio público, incluso en la prensa y en las redes sociales se sancione con multas cuyo equivalente oscila entre 200 y más de 20.000 euros. Los principales rivales políticos de los socialdemócratas, los liberales han advertido inmediatamente que si el proyecto al que han calificado de ley de censura va a ser votado en el Parlamento, el Partido Nacional Liberal lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. La copresidenta del PNL, Alina Gorghiu, ha declarado que dicho proyecto tiene varios defectos y por eso debe ser rechazado.
El embajador de EE. UU. en Bucarest, Han Klemm, ha sentido la necesidad de intervenir en este asunto. La protección de la libertad de expresión, incluso cuando la expresión ofende, es un aspecto fundamental de una sociedad democrática sana, según ha recordado el diplomático estadounidense.
Al final, el presidente del PSD ha estado de acuerdo con estos argumentos y ha anunciado que la definición de la difamación y las sanciones previstas para los que infrinjan la ley serán eliminadas del texto. La propuesta legislativa ya tiene otro nombre, Ley que asegura la tolerancia ante las diferencias de grupo, y con este título entrará en el debate del pleno de la Cámara de los Diputados, foro de decisión en este caso.
