El Tribunal Constitucional regula el abuso de poder
El abuso de poder seguirá siendo considerado un delito penal en Rumanía, pero deberá fundamentarse que los fallos cometidos en el cumplimiento de las atribuciones implican una violación de la ley.
Bogdan Matei, 16.06.2016, 14:39
Los temores manifestados por los fiscales, los medios de comunicación y la sociedad civil, así como las esperanzas de numerosas figuras públicas investigadas por corrupción se han visto anuladas este miércoles, cuando el Tribunal Constitucional ha admitido de manera parcial la excepción de inconstitucionalidad en el caso del abuso de poder. Los jueces del Tribunal han decidido que las regulaciones previstas por la legislación penal son constitucionales, si se constata que el incumplimiento de las atribuciones en el cargo implica violar la ley. La decisión ha sido unánime, tiene carácter definitivo y obligatorio y se aplicará a partir de la fecha de adopción. El presidente interino del Tribunal Constitucional, Valer Dorneanu, ha explicado que en ningún caso se puede hablar de la despenalización del abuso de poder, y su compañero Petre Lăzăroiu ha afirmado que solo se requería una aclaración de términos. Petre Lăzăroiu:
”El juez debe establecer si se ha violado o no la ley. Este sintagma daba lugar a posibles interpretaciones de la ley. Cualquier cumplimiento o acto que no estaba conforme con el marco legal establecido por los fiscales era considerado ilegal , así que requería aclaraciones.”
Entre los personajes que aparecen en los expedientes a los que se ha aplicado la excepción de inconstitucionalidad sobre el abuso de poder figuran la exjefa de la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT ), Alina Bica, algunos políticos conocidos como ”barones locales”, así como los expresidentes de los consejos locales de Constantza y Brăila (sudeste), Nicuşor Constantinescu y Gheorghe Bunea Stancu. También este miércoles, el Tribunal Constitucional ha decidido que el artículo de la ley especial que regula el funcionamiento de la DNA tiene carácter constitucional. Anteriormente, la fiscal jefa de la DNA, Laura Codruţa Kovesi, había advertido que la despenalización del abuso de poder bloquearía unos 800 expedientes no finalizados.
Además, habría hecho imposible la recuperación de los daños causados por la comisión de este delito, que el año pasado alcanzaron los 620 millones de euros. El jefe de la Academia Internacional Contra la Corrupción, Martin Kreutner, había destacado que en Rumania la penalización del abuso de poder es muy importante y que la actual legislación rumana al respecto es reconocida por los foros internacionales.
Espero que la decisión del CCR pueda aclarar y mejorar la justicia en Rumanía, ha declarado el jefe del Estado, Klaus Iohannis. Por su parte, el presidente del Senado, Călin Popescu-Tăriceanu, una de las voces críticas dirigidas contra la llamada ”república de los fiscales”, se ha declarado contento con la medida que rechaza la despenalización del abuso de poder, que así se ha mantenido como delito en el Código Penal, pero de otra forma, mucho más rigurosa.
(traducido por Simona sarbescu)
