Amplias protestas contra las modificaciones de la legislación penal
En Bucarest y en las grandes ciudades, la modificación del Código Penal a través de una Ordenanza de urgencia ha generado consternación en el escenario político y amplias protestas en la calle.
Bogdan Matei, 01.02.2017, 14:02
AMPLIACIÓN: Grupos de protestatarios violentos identificados por la prensa local como aficionados radicales de varios clubes de fútbol bucarestinos han interrumpido las protestas pacíficas. La prensa informa que varias personas han resultado heridas de levedad. Los gendarmes han dispersado a los manifestantes.
AMPLIACIÓN : Más de
cien mil personas protestan esta noche en Piaţa Victoriei (Plaza de la Victoria) y otras
decenas de miles en otras ciudades del país por el decreto de urgencia que ha
emitido el Gobierno para modificar la legislación penal. Este decreto despenaliza varios actos de corrupción, lo que favorece a muchos ex y
actuales parlamentarios, aldaldes y otros funcionarios púbicos que se pueden
librar así de la investigación penal.
Los
protestatarios llevan pancartas en que se lee Gobierno penal, peligro social,
Gobierno asesino de la democracia , La mafia está en el Gobierno, El amor a
la patria se mide en la calle.
……..
Rumanía ha tenido un día de luto, según lo ha calificado el presidente Klaus Iohannis, seguido por una noche blanca marcada por amplias protestas espontáneas en todas las grandes ciudades del país. Es inaceptable, un total desprecio, que el Gobierno aprobara así una ordenanza de urgencia, de la noche a la mañana y sin incluirla en la agenda diaria, en un ámbito tan sensible como el Código Penal y de Procedimiento Penal. Esto no se puede tolerar, ha dicho Iohannis, tras haber aprobado el Gobierno del PSD y la ALDE, de manera sorprendente la noche de este martes, una Ordenanza de urgencia destinada a modificar los Códigos penales. La mayoría de los artículos de la ordenanza entrarán en vigor en un plazo de 10 días después de su publicación oficial. El abuso de poder cuyo perjuicio causado no supere los 200.000 lei (unos 50.000 euros) será despenalizado. También serán despenalizados los actos de favorecer un delito, incluso a través de la adopción de ordenanzas nocturnas. La ordenanza también prevé la despenalización en el caso del parentesco de primer y segundo grado de afinidad en la comisión de un delito.
La modificación del Código Penal ha generado amplias protestas en Bucarest y en las grandes ciudades. 40.000 personas salieron de forma espontánea a la calle, afrontando el frío y la oscuridad, en Bucarest, Cluj (noroeste), Sibiu (centro), Timişoara (oeste) o Iaşi (nordeste). Solo en la capital, más de 12.000 manifestantes piquetearon la sede del Gobierno. El equipo ejecutivo encabezado por el socialdemócrata Sorin Grindeanu ha sido el primero, en el último cuarto de siglo, que tuvo que ser evacuado por los gendarmes. La rabia de los manifestantes se vio ampliada por las decisiones del poder, consideradas fraudulentas. El pasado domingo casi 100.000 manifestantes habían protestado en el país y en el extranjero, contra la intención del Gobierno de cambiar los Códigos y de aprobar una amnistía colectiva, destinada, según ha declarado el Gobierno, a solucionar la extrema aglomeración en las cárceles. El pasado lunes, el ministro de Justicia, Florin Iordache, había organizado un debate sobre este tema, y había asegurado que las conclusiones se tendrían en cuenta. La intención del Gobierno ha sido rechazada por los jefes de la Fiscalía General, la DNA y la DIICOT, así como por el Consejo Superior de la Magistratura, que se han unido para expresar su opinión. Según han declarado, este es un grave ataque contra el Estado de derecho, un acto que anulará muchos años de esfuerzos contra la corrupción. A menudo comparada con la famosa operación Manos limpias de Italia, que había logrado eliminar la corrupción entre la clase política italiana, la campaña anticorrupción desarrollada en Rumanía ha enviado a la justicia un primer ministro en funciones, antiguos jefes de gobierno, decenas de ministros, parlamentarios, prefectos, alcaldes y presidentes de consejos locales, miembros del poder o de la oposición de derecha o de izquierda.
Ahora, según creen los analistas rumanos y extranjeros, todo el Gobierno se ha movilizado para salvar a su jefe político, el líder del PSD, Liviu Dragnea. Ya condenado el año pasado a 2 años de cárcel en régimen abierto por un fraude cometido en 2012, en el referéndum para la destitución del entonces presidente Traian Băsescu, Dragnea está siendo investigado por el Alto Tribunal de Casación y Justicia por abuso de poder y corrupción. Según los fiscales, el mandatario habría ordenado la contratación fraudulenta de 2 mujeres del PSD con la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Niño (DGASPC) de Teleorman (sur, su distrito natal). Las 2 empleadas cobraban salarios del presupuesto público, pero en realidad prestaban servicios al partido. Según los fiscales, el perjuicio causado ronda unos 24.000 euros. Las ordenanzas de urgencia prevén un nivel límite de 200.000 lei del perjuicio causado, lo que prácticamente despenalizará el delito cometido por el hombre más potente de la izquierda, el que el pasado 11 de diciembre llevó al PSD a una clara victoria en las elecciones parlamentarias, pero sin haber mencionado ni una sola vez durante la campaña electoral que iba a poner fin a la lucha contra la corrupción.
(Trad. S.Sarbescu)
