Manifestaciones y oposición
Convertida en una verdadera guerra de nervios, la crisis en Bucarest sigue ampliándose y sus efectos ya se notan en la economía, donde el leu se ha depreciado.
Bogdan Matei, 03.02.2017, 15:16
Cada noche cientos de miles de personas salen a la calle en Bucarest y en las grandes ciudades del país y del extranjero, para protestar de manera pacífica, pero categórica, contra el Gobierno que, sordo ante las protestas, ha decidido mantener la ordenanza de urgencia que pretende cambiar los Códigos Penales, así como el proyecto de ley sobre la amnistía colectiva. Este jueves, el presidente Klaus Iohannis denunciaba ante el Tribunal Constitucional un conflicto jurídico de índole constitucional entre el Gobierno, la Justicia y el Parlamento, causado por la modificación de la legislación penal. El presidente ha dicho que el Gobierno, al que no ha vacilado en calificar de imprudente, ha emitido este decreto de forma ilegal, ya que el procedimiento de urgencia no se justifica en este caso. También ha pedido al primer ministro socialdemócrata Sorin Grindeanu que anule la ordenanza y ha convocado a los políticos para una reunión consultiva. Klaus Iohannis:
”Tenemos que reunirnos en Cotroceni para encontrar una solución a esta crisis, ya que las cosas pueden agravarse y, aunque hay protestas en la calle y los rumanos manifestan su indignación, las protestas callejeras no pueden ofrecer soluciones. La solución deberá ser encontrada por la clase política y la próxima semana nos vamos a reunir aquí para resolver esta crisis.”
También este jueves, Grindeanu junto con los miembros del Ejecutivo, se han reunido con los principales líderes del PSD para obtener un voto de confianza que les permita continuar el programa del Gobierno. El líder del partido y el hombre más fuerte de la izquierda, Liviu Dragnea, ha reiterado que los socialdemócratas ganaron las elecciones del pasado 11 de diciembre debido a un voto popular legítimo:
”Seguimos determinados a ejercer el poder ejecutivo del Gobierno, así como el poder legislativo, otorgado por los ciudadanos, y queremos ejercerlo de forma legítima y constitucional. Consideramos que cualquier intento de socavar la actividad del Gobierno es una tentativa de desestabilizar el Estado de derecho en Rumanía, de forma más o menos legal.”
Lejos de ser un monolito, tanto el Gobierno como el partido ya se han quebrado. Apenas un mes después de su nombramiento, el ministro de Entorno Empresarial, Florin Jianu, ha dimitido, ya que según ha dicho, para poder mirar a su hijo a los ojos, no quiere participar en una acción que prácticamente transformaría en inocentes a decenas de políticos acusados de corrupción. La antigua diputada Aurelia Cristea, el secretario de Estado Ciprian Necula y el consejero local de Reşiţa (sudoeste) Valentin Lupşa han salido del partido.
Por su parte, el vicepresidente del PSD y alcalde de Iaşi (la principal ciudad en el nordeste del país) Mihai Chirica, ha pedido la anulación de la ordenanza y la dimisión de su promotor, el cada vez más impopular ministro de Justicia, Florin Iordache.
(trad. Simona Sarbescu)
