Acusados en el expediente de la “Mineriada” de junio de 1990
Después de casi 30 años, se conocerán los culpables de los actos violentos que tuvieron lugar en junio de 1990 en el centro de Bucarest.
Ştefan Stoica, 14.06.2017, 15:05
14 personas han sido enviadas a juicio en el expediente de la “Mineriada” que tuvo lugar del 13 al 15 de junio de 1990, la denominación bajo la cual la historia reciente ha registrado los acontecimientos que volvieron a colocar a Bucarest, de manera dramática, en el mapa de los actos violentos, medio año después de la caída del comunismo. Algunas personas importantes que dominaron el escenario público en la primera década posterior a la dictadura se presentarán ante el Tribunal Supremo de Casación y Justicia: el expresidente de izquierda Ion Iliescu, el ex primer ministro Petre Roman, el ex vice primer ministro Gelu Voican Voiculescu, el exdirector del Servicio Rumano de Inteligencia, Virgil Măgureanu, así como Miron Cozma, exlíder sindical de los mineros del Valle del Jiu (centro-oeste), convertidos en un personaje colectivo de esta siniestra historia. Los acontecimientos tuvieron lugar tan solo un mes después de las elecciones que habían validado mediante votación el régimen de Ion Iliescu. Como éste no había conseguido mostrar la adhesión a la democracia, el Estado de derecho y la economía del mercado, sus adversarios más radicales se quedaron en la calle también después de haber acabado la manifestación maratón de la Plaza de la Universidad, lugar símbolo de la lucha por la democracia. Ion Iliescu habló de una tentativa de golpe de Estado de la extrema derecha y pidió a la población que defendiera las instituciones democráticas. Miles de mineros vinieron entonces a Bucarest, atacaron la Universidad, las sedes de los partidos de la oposición y las redacciones de algunos periódicos independientes. Marian Lazăr, fiscal militar:
“Estos acontecimientos fueron la consecuencia de los actos de diversión y manipulación de la opinión pública por parte de las autoridades del Estado, representadas por los enjuiciados, que se presentaron de manera distorsionada y adelantaron la idea de que estaban determinadas por una denominada rebelión de tipo legionaria. Los manifestantes que expresaban sus opiniones políticas fueron presentados como personas con ocupaciones delictivas, elementos extremistas, reaccionarios, considerados por el presidente electo de Rumanía como “hampones”. Las personas capturadas en la Plaza de la Universidad, junto con otras que se consideraba que tenían alguna relación con las manifestaciones, fueron llevadas forzosamente a algunos cuarteles del Ministerio del Interior, siendo privadas de la libertad de manera ilegal y en unos espacios totalmente inadecuados para detener a unas personas. Su privación de la libertad sin formas legales duró hasta el 21 de junio de 1990.”
Cuatro personas fueron fusiladas, casi 1.400 sufrieron lesiones físicas o psíquicas, y 1.250 fueron privadas de la libertad por motivos políticos, según han afirmado los fiscales. Las investigaciones se reanudaron a principios de 2015, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligara a las autoridades rumanas a identificar a los culpables. El expediente inicial se había atrasado casi 20 años y se cerró sin culpables en 2009. Todos aquellos que están ahora entre los acusados, comenzando con el expresidente Iliescu, han afirmado a lo largo del tiempo que no se hacen responsables de los acontecimientos de junio de 1990.
