Las pensiones y las indemnizaciones centran la atención del Gobierno
Después de que durante unos 6 meses, la coalición de Bucarest integrada por el PSD y la ALDE centrara su atención en el esquema salarial de los empleados pagados del presupuesto estatal, ahora toca el turno a los jubilados. Pero no se trata de los jubilados cuyos ingresos se calculan en función de sus contribuciones a los seguros sociales pagadas de sus sueldos, sino de las personas que reciben las llamadas “pensiones especiales”: exdiplomáticos, aviadores, magistrados, empleados del Ministerio de Defensa y del Interior o de los Servicios Rumanos de Inteligencia. El valor promedio de semejante ingreso supera los 8.000 lei, es decir casi 2.000 euros. ¡Demasiado dinero!, exclaman algunos rumanos ya que la gran mayoría de los 5,3 millones de jubilados recibe diez veces menos. En estas condiciones, el Gobierno de Bucarest quiere modificar la ley según la cual se calculan las pensiones especiales. Sin reducir a las que se pagan en el presente, semejantes pensiones no podrán superar el salario neto que una persona cobró mientras era empleada. A la vez, las pensiones especiales no se actualizarán más en función de los aumentos salariales de los empleados sino sólo en función de la tasa de inflación.
România Internațional, 01.08.2017, 12:26
Después de que durante unos 6 meses, la coalición de Bucarest integrada por el PSD y la ALDE centrara su atención en el esquema salarial de los empleados pagados del presupuesto estatal, ahora toca el turno a los jubilados. Pero no se trata de los jubilados cuyos ingresos se calculan en función de sus contribuciones a los seguros sociales pagadas de sus sueldos, sino de las personas que reciben las llamadas “pensiones especiales”: exdiplomáticos, aviadores, magistrados, empleados del Ministerio de Defensa y del Interior o de los Servicios Rumanos de Inteligencia. El valor promedio de semejante ingreso supera los 8.000 lei, es decir casi 2.000 euros. ¡Demasiado dinero!, exclaman algunos rumanos ya que la gran mayoría de los 5,3 millones de jubilados recibe diez veces menos. En estas condiciones, el Gobierno de Bucarest quiere modificar la ley según la cual se calculan las pensiones especiales. Sin reducir a las que se pagan en el presente, semejantes pensiones no podrán superar el salario neto que una persona cobró mientras era empleada. A la vez, las pensiones especiales no se actualizarán más en función de los aumentos salariales de los empleados sino sólo en función de la tasa de inflación.
El presidente del PSD, Liviu Dragnea, ha explicado los motivos de semejantes decisiones:
“Si no intervenimos, el impacto presupuestario que en el presente alcanza los 6.000 millones lei para estas pensiones especiales, pueda llegar a 10.000-11.000 millones lei en dos años, o incluso hasta 15.000 millones. En este ritmo, en 4 o 5 años, el impacto podría bloquear la oportunidad del Estado rumano de continuar el aumento del punto de pensión para los demás millones de jubilados de Rumanía.”
El Partido Nacional Liberal, en la oposición, está descontento. Escuchemos la declaración del primer vicepresidente Ilie Bolojan:
“Durante la campaña electoral, el PSD no mencionó que iba a intervenir en las pensiones especiales. En cuanto a la intervención mediante ordenanza de urgencia, no aprobamos este tipo de solución porque al igual que en el caso de la Ley unitaria de salarios, al no estimar todos los efectos que una ley pueda generar, se producen efectos negativos en otros campos.”
Además de los jubilados de lujo, en Rumanía hay también hijos de lujo cuyos padres se benefician de indemnizaciones por cuidado de hijos más que sustanciales calculadas en función del salario.Sin embrago, la coalición en el Gobierno ha fijado un límite máximo de estas indemnizaciones y la ministra de Trabajo, Lia Olguta Vasilescu, propuso el equivalente a 1.800 euros al mes.
Cabe mencionar también que a partir del 1 de agosto, los empleadores pagarán las contribuciones a las pensiones y la sanidad a nivel del salario mínimo bruto para los empleados con contratos laborales a tiempo parcial aunque sus ingresos no superen los 1.450 lei (322 euros). De este modo, se reducirán las situaciones en las que se firman contratos a tiempo parcial sólo para evitar el pago de los impuestos.
