Ucrania y la educación para las minorías nacionales
Preocupación en Europa, desde Bucarest a Atenas y desde Budapest a Sofia por la nueva ley ucraniana de educación porque limita drásticamente el acceso a educación para las minorías étnica.
Bogdan Matei, 15.09.2017, 12:02
En el contexto de las recientes tensiones diplomáticas entre
Rumanía y Hungría son pocos los temas de consenso entre los ministros de
Exteriores de los dos países. Este jueves, Teodor Meleşcanu y Peter Szijjarto, junto
con sus homólgos de Bulgaria, Ekaterina Zakharieva, y de Grecia, Nikos Kotzias, han enviado al jefe de
la diplomacia de Kiev, Pavlo Klimkin, al secretario general del Consejo Europeo,
Thorbjorn Jagland y al alto comisario de la OSCE para las minorias nacionales, Lamberto
Zannier, una carta común en la cual expresan su profunda preocupación por la
adopción reciente por la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) de la nueva Ley
de Educación de Ucrania.
Esta gestión común, destacan los firmantes de la carta, atiende al
interés común de las partes firmantes de asegurar la protección de los derechos
de las personas que pertencen a las minorías nacionales. Ellos dirigen un
llamamiento a las autoridades ucranianas para que identifique medidas concretas
en este sentido, en el espíritu de la cooperación con la estricta observancia
de las normas y los estándares interancionales en este ámbito.
Esta nueva ley de la educación, pendiente de promulgación por el
presidente Petro Poroşenko, limita drásticamente el acceso a la educación en su
lengua materna para las numerosas comunidades minoritarias de Ucrania: rusos,
rumanos, húngaros, búlgaros, griegos, polacos etc. Dicha ley prevé que en institutos
y facultades se impartan clases solo en ucraniano y la educación en los idiomas
de las minorías nacionales se haga solo en guarderías y escuelas primarias.
Los analistas afirman que, sobre el trasfondo del conflicto
abierto con Moscú este acceso de intolerancia de las autoridades de Kiev sería
dirigido contra los millones de étnicos rusos del este y del sur de Ucrania y
que las demás comunidades serían víctimas colaterales. La comunidad rumana es la
segunda más numerosa después de la rusa. Casí medio millón de étnicos rumanos viven
en este país vecino, la mayoría de ellos en los territorios rumanos anexionados
en 1940 a raíz de del ultimatum de la ex Unión Soviética y que pasaron a
administración ucraniana como Estado sucesor.
El diputado Grigore Timiş,
junto con dos compañeros de la Rada de étnia húngara y búlgara han solicitado
al presidente Poroşenko que no promulgue
esta ley a raíz de la cual los
ciudadanos de Ucrania pierden el derehco a elegir libremente el idioma en que
quieren estudiar. Anteriormente, la diplomacia de Bucarest y el ministerio
para los Rumanos del Extranjero habían expresado su descontento con las
previsiones de esta ley. Desde la oposición, el líder liberal, Ludovic
Orban, ha acusado el retraso con que han reaccionado las autoridades y ha
solicitado la dimisión de la titular del ministerio de los Rumanos del
Extranjero, Andreea Păstârnac, mientras que el Movimiento Popular ha socilitado
la convocación urgente de la Comisión Mixta Presidencial Rumano- Ucraniana para
que convenza a Kiev que reconsidere la adopción del nuevo acto normativo.
