Nuevas reacciones respecto a la modificación de las leyes de la Justicia
Las disputas en torno a las reformas en la Justicia rumana han vuelto a estallar tras el dictamen negativo del Consejo Superior de la Magistratura al proyecto de modificación de las leyes en este sector, propuesto por el titular de Justicia.
Bogdan Matei, 29.09.2017, 14:16
Tal como ya había anticipado la prensa de Bucarest, el Consejo Superior de Magistratura dictaminó negativamente el pasado jueves, el proyecto de modificación de las leyes de la Justicia, propuesto por el titular de especialidad, Tudorel Toader, del gobierno de coalición PSD-Alianza de Liberales y Demócratas. Para algunos comentaristas ha sido sorprendente el recuento apretado de los votos del Consejo, lo que evidencia tensiones agudas entre sus miembros. Diez de éstos han votado a favor del dictamen negativo y ocho se han manifestado en contra expresando ciertas observaciones. Las objecciones de los que han votado en contra apuntan hacia algunas propuestas controvertidas incluidas en el proyecto de Tudorel Toader. Entre éstas figura la subordinación de la Inspección Judicial al Ministerio de Justicia, la eliminación del presidente en el procedimiento de nombramiento de los fiscales jefes de las Fiscalías Anticorrupción y Antimafia, la prohibición para los juristas que no han cumplido los 30 años de edad de llegar a ser magistrados y la creación de una dirección especializada en seguir a los magistrados que cometen delitos. Los ocho miembros del Consejo Superior de la Magistratura que se han pronunciado a favor de la modificación de las leyes acusan a la mayoría de bloquear la reforma. El minsitro Toader no ha participado en la reunión del Consejo alegando que no deseaba influir bajo forma alguna en los debates, para declarar posteriormente que hay quien no desea reformar este sistema que necesita volver a estar dentro de los parámetros de la constitucionalidad. “Tengo la convicción, ha añadido el ministro, de que el voto negativo expresa también el deseo de conservar los privilegios actuales de los magistrados.”
A su vez, la Asociación de los Magistrados de Rumanía ha criticado el dictamen negativo del Consejo. En un comunicado, la asociación ha afirmado que en semejantes condiciones, los puntos de vista que se recibiran a nivel nacional no se podrán defender delante de la ley.
En cambio, el presidente Klaus Iohannis ha subrayado mediante su portavoz que la decisión del Consejo Superior de la Magistratura incluso si tiene sólo papel consultivo, no puede ser ignorada por el Gobierno y el Parlamento. En nombre de la más importante formación de la oposición de derecha, el líder del PNL, Ludovic Orban, ha apreciado que el Ejecutivo debería renunciar a todas las previsiones del proyecto de ley, acerca del cual ha declarado que vulnera la independencia de la justicia. La prensa y las organizaciones cívicas califican el voto del CSM de noticia más bien positiva. Estas manifiestan la desconfianza de una parte importante de la sociedad rumana frente a un poder ejecutivo sospechoso de querer someter a la justicia y de frenar la lucha anticorrupción.
A principios de este año, el intento del Gobierno de modificar, mediante ordenanza de urgencia, los códigos penales provocó las más amplias protestas callejeras de los últimos tres decenios postcomunistas. En Bucarest, en las provincias y en la diáspora, cientos de miles de manifestantes han acusado al poder de querer exonerar de responsabilidad penal por delitos de corrupción a personas influyentes de la política y de la administración.
