De las leyes de Justicia a las incautaciones
La modificación de las leyes de Justicia continúa creando oposición en Rumanía.
Roxana Vasile, 22.11.2017, 12:50
El Partido Social Demócrata (PSD), partido principal de la coalición del Gobierno de Rumanía, quiere debatir tres proyectos de ley en el Parlamento con carácter de urgencia. Estos corresponden a la situación de los magistrados, al funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura y a la organización judicial. Son muchos los que argumentan que no hay ninguna razón para debatir con tanta prisa estos proyectos, como es el caso de la directora de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kövesi, quien subraya la falta de transparencia en el proceso de redacción de estas leyes de Justicia y declara lo siguiente:
«Ningún magistrado rumano puede negar el hecho de que existen ciertos problemas que deben corregirse en las tres leyes que van a modificarse, por ejemplo, problemas relativos a la carrera de los magistrados o a los ascensos, entre muchos otros que se han planteado. Creo que los magistrados no se oponen a las modificaciones en sí mismas, sino a la forma en la que se están produciendo, mediante una falta total de transparencia y de consulta. Existe un claro intento de aumentar el control del ministro de Justicia sobre la actividad de los fiscales, lo que afectará seriamente a la independencia de los mismos, y de forma indirecta, a la independencia de los jueces».
El adelanto para la adopción de las leyes de Justicia se habría decidido, la semana pasada, después de una reunión de los líderes del PSD, en la que se adoptó una resolución contra el llamado «Estado paralelo ilegítimo» que, a juicio de los socialdemócratas, intentaría acabar con el poder político elegido legítimamente. Uno de los que comparte esa opinión es el líder del PSD, Liviu Dragnea. El martes, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) incautó todos los bienes y cuentas del mismo, para recuperar los más de 27 millones de euros por daños y perjuicios relativos a un caso de grupo organizado y de abuso de poder en el que está envuelto, relacionado con la rehabilitación de carreteras regionales con fondos europeos cuando era presidente del Consejo de la Región de Teleorman.
En estos últimos días, Liviu Dragnea se ha considerado a sí mismo como una víctima de una campaña política, y ha declarado lo siguiente:
«Me atacaron cuando el PSD quería hacer algo importante para Rumanía. Y ahora me utilizan como medio para bloquear las leyes de Justicia, pero ¿quién lo hace?, ¿quién lo hace? Gente que se esconde».
Los líderes de la coalición en el poder luchan con el fantasma de un Estado paralelo, que ellos mismos han inventado. De hecho, ellos actúan de forma paralela a la sociedad, según creen los que se oponen a las acciones del PSD y a las de su aliado de coalición, la ALDE. Su número aumentará a medida que el Bloque Nacional Sindical (BNS) decida unirse a las protestas de la sociedad civil. El presidente Dumitru Costin ha declarado lo siguiente:
«La Oficina Ejecutiva de la Confederación ha decidido unirse a la sociedad civil en lo relativo a los famosos proyectos de ley de la Justicia, de modo que a partir de ahora, el BNS participará en las manifestaciones organizadas por la sociedad civil, tanto en Bucarest como en otras zonas del país, dado que la resolución de estos proyectos de ley de la Justicia debe ser justa por el bien de todos los ciudadanos rumanos».
El BNS ya ha anunciado una manifestación masiva convocada para el 12 de diciembre en Bucarest.
