Diferentes posiciones respecto a las leyes de Justicia
La modificación de las leyes de Justicia lidera de nuevo los debates públicos en Bucarest.
Bogdan Matei, 29.11.2017, 15:27
La Comisión especial del Parlamento rumano, creada para modificar las leyes de Justicia, redactó varios artículos relativos a las responsabilidades de los magistrados. Según dichos artículos, los jueces y fiscales tendrán responsabilidad civil, disciplinar y penal, por los posibles errores profesionales que cometan. Sin embargo, se ha rechazado una enmienda que establecía que los magistrados también responderían patrimonialmente a los perjuicios causados. Desde la oposición, el diputado liberal Cătălin Predoiu, ha explicado:
«Asistimos a este debate sin ideas preconcebidas, teniendo en cuenta que es necesario que exista una responsabilidad adecuada para toda profesión, pero al mismo tiempo, expusimos nuestra preocupación de que este instrumento se convierta en una herramienta de presión sobre los magistrados, y para defender nuestra posición elaboraremos más propuestas, algunas relativas a los principios de esta ley y otras que conformarán un instrumento legislativo separado».
En nombre de la mayoría del PSD-ALDE, el presidente de la Comisión jurídica del Senado, el socialdemócrata Robert Cazanciuc, ha negado que el comunicado de prensa del Departamento de Estado de EE. UU. haya tenido algo que ver con la anulación de algunas enmiendas controvertidas. Robert Cazanciuc ha explicado:
«No hemos cambiado nada de la iniciativa que presentamos. Los debates fueron extremadamente técnicos, como habréis observado, y por supuesto que ha habido declaraciones políticas, pero los argumentos fueron de naturaleza jurídica, para ver cómo hacer que ciertas instituciones se apliquen, y no permanezcan como letras muertas en el texto. Ese era el tema, no tiene nada que ver con lo que ha comunicado el Departamento de Estado».
La diplomacia estadounidense ha expresado su preocupación acerca de la legislación que está preparando el Parlamento y que podría afectar a la lucha contra la corrupción y debilitar la independencia judicial con respecto al poder político. El comunicado ha causado irritación en el Ejecutivo y júbilo en la oposición. El ministro de Justicia, Tudorel Toader, ha dicho que el Parlamento no puede dejar de legislar, y los líderes de los dos partidos en el Gobierno, el socialdemócrata Liviu Dragnea y el liberaldemócrata Calin Popescu-Tariceanu, han redactado un comunicado de prensa conjunto, según el cual «los debates, las decisiones y los votos que tienen lugar en el Parlamento, se realizan en nombre de la soberanía popular y no pueden ser objeto de ningún tipo de presión». Por su parte, el presidente del PNL, Ludovic Orban, ha apoyado la posición de la diplomacia estadounidense y ha instado a la mayoría a abandonar las modificaciones de las leyes de Justicia. A su vez, el líder de la USR, Dan Barna, ha acusado al PSD de sacrificar el Estado de derecho al proteger a Dragnea, que ya ha sido condenado a una pena de prisión suspendida en el marco de un procedimiento penal y está siendo investigado en el marco de otros dos. Los expertos señalan que la reacción estadounidense se ha producido después de que la Comisión Europea haya apreciado también que el ritmo global de las reformas en la Justicia rumana se está estancando y el desafío a la independencia de la misma es motivo de preocupación.
