Ley modificada para la Agencia Nacional de Integridad
El Senado de Bucarest ha aprobado un proyecto de ley polémico que anula las decisiones de incompatibilidad recibidas por los parlamentarios con mandatos en el período 2007-2013.
Florentin Căpitănescu, 19.12.2017, 15:34
El Senado de Bucarest, en su calidad de foro
de decisión, ha aprobado la propuesta legislativa para la modificación de la
ley de la Agencia Nacional de Integridad (ANI). Así, se anulan las
prohibiciones aplicadas a los parlamentarios por no haber respetado las
previsiones legales sobre el conflicto de intereses en el período 2007-2013.
Según una decisión anterior del Tribunal Constitucional, en aquel período, es
decir antes de entrar en vigor la ley sobre el estatuto de los senadores y
diputados, el conflicto de intereses no era reglamentado en materia civil para
los parlamentarios. La oposición ha criticado de manera vehemente el proyecto
de ley afirmado que hace falta un enfoque unitario en cuanto al conflicto de
intereses y la integridad de los electos.
La
senadora del Partido Nacional Liberal (de derecha, la principal formación de
oposición), Alina Gorghiu, ha advertido que esta ley lava el pasado de algunos
parlamentarios pero no resuelve el futuro. Escuchemos la declaración de Alina
Gorghiu:
El futuro podría resolverse a través de un
Código que integre las 270 leyes en las cuales hay previsiones relacionadas a
la incompatibilidad y al conflicto de intereses. No hay ninguna perspectiva de
reglamentación unitaria. Seguiremos teniendo problemas con estos casos de
incompatibilidad. Es una anomalía legislativa.
A su vez, el senador de la Unión Salvad
Rumanía (también de oposición), Vlad Alexandrescu, ha apreciado que los
parlamentarios del Poder se apresuran a borrar, con el reflejo del criminal, las huellas
en el lugar del crimen. Os apresuráis a borrar los
efectos de las incompatibilidades y de los conflictos de intereses para
centenares de parlamentarios, presidentes de consejos distritales y consejeros
locales, ha añadido Vlad Alexandrescu.
La respuesta de la mayoría parlamentaria
llega por parte del senador socialdemócrata Claudiu Manda:
Estoy de acuerdo con ustedes. Es una
anomalía legislativa sobre todo porque sabemos que hubo situaciones en el
período 2007-2013 cuando los senadores infringieron una ley que entró en vigor
en 2013. De esto estamos hablando y de los informe de la ANI también.
Para los
comentaristas, la decisión del Senado es una victoria importante de la mayoría
de la coalición integrada por el PSD y la ALDE en su asalto contra la Justicia,
uno sin precedentes en el último decenio transcurrido desde
la adhesión de Rumanía a la Unión Europea. Por otra parte, también los
observadores declaran que la aprobación de este proyecto puede determinar una amputación masiva de las prerrogativas
de la ANI, institución que junto con la Dirección Nacional Anticorrupción
es apreciada constantemente en los informes del Mecanismo de Cooperación y
Verificación, instrumento a través del cual la Comisión Europea monitoriza la
situación de la justicia en Rumanía.
(traducido por Brigitta Pana)
