La DNA contesta las acusaciones
En Rumanía, los fiscales anticorrupción no falsifican las pruebas y cumplen la ley. Es el firme mensaje que la jefa de la DNA, Laura Codruţa Kovesi, ha enviado a los ciudadanos, en el marco de las graves acusaciones hechas contra la institución.
Ştefan Stoica, 15.02.2018, 15:00
El escándalo respecto a la Dirección Nacional Anticorrupción ha comenzado después de que el exdiputado socialdemócrata Vlad Cosma afirmara, empleando unas grabaciones de momento sin autentificar, que los fiscales de la DNA de Ploieşti (en el sur) lo han usado para crear pruebas contra el ex primer ministro del PSD, Victor Ponta, y el exdiputado Sebastian Ghiţă, quien huyó a Serbia. En una larga y según los comentaristas, convincente aparición pública, la jefa de la DNA, Laura Codruţa Kovesi, ha precisado que los jueces han considerado legal la manera en que la DNA de Ploieşti ha investigado el expediente en el que Vlad y Mircea Cosma, padre del alcalde, fueron condenados en primera instancia a 5 y 8 años de prisión respectivamente. Laura Codruţa Kövesi:
“Se está desarrollando una verificación de la Inspección Judicial. Les voy a contestar: he hecho lo que prevé la ley. Los fiscales de la DNA no falsifican las pruebas. Los fiscales de la DNA cumplen la ley en la administración de las pruebas. La manera en que trabajan los fiscales de la DNA en un expediente penal se somete al control judicial. En todos nuestros expedientes que se someten a juicio, los jueces verifican si los fiscales han cumplido la ley cuando han administrado una prueba.
La DNA, ha afirmado Codruţa Kövesi, tiene unos mecanismos de autolimpieza, y si un fiscal viola la ley, no es necesario que la culpa caiga contra todos. La mayoría de estas acusaciones que tienen por objetivo hacer que parezca irrisoria la actividad del DNA, vienen de parte de unas personas que tienen problemas con la ley, ha recordado Kovesi, en cuya opinión asistimos a un asalto contra la justicia que tendría por objetivo poner de rodillas al Estado y humillar a los ciudadanos rumanos. Es un festival desesperado de encausados, en el que unas personas condenadas o enviadas a juicio dicen falsedades o partes de la verdad, ha acusado la jefa de la DNA. Ella ha añadido que no hay razones para presentar su dimisión. El fiscal general Augustin Lazăr ha hablado también sobre una campaña contra las instituciones de la justicia. El alto cargo ha rechazado lo que considera que son unas acciones de instigación pública bajo la intervención de unos políticos en la actividad judicial para despedir a algunos fiscales con cargos directivos. A su vez, la presidenta del Consejo Superior de la Magistratura, Simona Camelia Marcu, opina que el actual debate público sobre la actividad de la DNA podría afectar a la autoridad de las instituciones judiciales y de perjudicar el acto de la justicia. Por otro lado, la primera ministra Viorica Dăncilă ha evitado pronunciarse sobre la oportunidad de apartar a la señora Kovesi de la dirección de la DNA, según le piden de manera directa o indirecta algunas voces de la coalición en el poder formada por el PSD y la ALDE. Viorica Dăncilă:
“No creo que yo pueda afirmar si alguien puede o ya no puede liderar la DNA. Para mí es importante que los ciudadanos sigan confiando en las instituciones públicas, en la Justicia, no hay que acusar a toda la Justicia, pero debemos devolver la credibilidad de las personas en la Justicia. Yo, como primera ministra, estoy preocupada y no me siento confortable viendo que se pueden hacer pruebas para un primer ministro.
Cabe recordar que el poder de izquierda ha lanzado al espacio público el sintagma del “Estado paralelo, del que formarían parte algunos fiscales y agentes secretos que, mediante sus acciones, intentarían falsificar expedientes y comprometer a los líderes políticos de la mayoría. Algunos comentaristas neutrales han afirmado que los ataques repetidos contra la DNA, procedentes de personajes no creíbles, junto con las controvertidas modificaciones hechas por la mayoría formada por el PSD y la ALDE a las leyes de la Justicia, son parte de un plan, levemente disimulado, de subordinación política del sistema judicial.
