Las leyes de la Justicia, a debate
En el Parlamento de Rumanía comienzan esta semana los primeros debates sobre el paquete de leyes a través del cual la coalición en el poder desea modificar el paisaje judicial. Las protestas contra estos cambios continuaron la semana pasada.
Florentin Căpitănescu, 04.12.2017, 15:00
Los cambios que el Gobierno rumano de izquierda quiere hacer en el sector judicial, duramente criticados en la calle y rechazados tanto por las asociaciones profesionales del sector como por los jefes de las principales instituciones judiciales del país, figuran esta semana en la agenda del pleno de Parlamento. La primera propuesta de modificación de las leyes de la Justicia sobre el estatuto de los jueces y fiscales llega a la Cámara de los Diputados. Según el proyecto de modificación del estatuto de los magistrados, que ya ha recibido la aprobación por parte de la Comisión especial del Parlamento, el jefe del Estado tiene que aceptar el nombramiento de los fiscales y jueces simples, los fiscales serán controlados por sus superiores, incluso por el ministro de Justicia, y los magistrados deben declarar cada año que no son agentes encubiertos de los servicios de inteligencia. Asimismo, en la forma propuesta por el pleno del Parlamento, el proyecto menciona que los jueces y fiscales tendrán responsabilidad civil, disciplinar y penal por los posibles errores profesionales que cometan.
Entre tanto, la Comisión especial continúa debatiendo los otros dos proyectos sobre la organización judicial y sobre el Consejo Superior de la Magistratura. Los debates están precedidos por la reacción sin precedentes a través de la cual EE. UU. ha expresado su preocupación por la reforma judicial de Rumanía que afectaría la lucha contra la corrupción y podría debilitar la indepencia judicial. Por otra parte, la amplia reforma judicial promovida por la coalición mayoritaria integrada por el PSD y la ALDE continúa causando indignación pública.
Las protestas habituales organizadas últimamente los fines de semana en las grandes ciudades, especialmente en la capital, continuaron también la semana pasada. Por su parte, el PSD ha anunciado que organizará manifestaciones en todo el país contra lo que la formación denomina “Estado paralelo e ilegítimo”. Según afirman los analistas políticos, esta expresión es un concepto propagandístico que se refiere a una fuerza oculta cuyo objetivo sería alejar mediante medios inmorales e ilegales al actual poder, electo de manera democrática. De todas formas, señalan los mismos observadores, no es la primera vez que el PSD, sobre el trasfondo de los fracasos gubernamentales y de las protestas que los han acompañado en el último año, recurren a fórmulas de este tipo, con personajes hostiles e imaginarios o a interpretaciones extrañas de la realidad. La supuesta implicación, jamás demostrada, del millonario estadounidense de origen húngaro George Soros o de las compañías multinacionales presentes en el país en los juegos políticos de Bucarest son tan sólo dos ejemplos.
