La Comisión de Venecia sobre las leyes de la Justicia de Rumanía
Jarro de agua fría para el Gobierno de Bucarest: la Comisión de Venecia desaprueba muchas de las modificaciones de las leyes de la Justicia.
Bogdan Matei, 16.07.2018, 14:53
Desde hace un año y medio, la justicia es objeto de los más acalorados debates públicos de Rumanía. La coalición en el poder formada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas afirma que mediante los cambios de las leyes de funcionamiento del sistema y de la legislación penal cumple con las decisiones del Tribunal Constitucional y a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En cambio, la oposición de derecha, la sociedad civil y la prensa declaran que el objetivo de todas estas modificaciones es el de subordinar a los magistrados, detener la lucha anticorrupción y contra el crimen.
Finalmente, las partes recurrieron al arbitraje internacional de la Comisión de Venecia, organismo consultivo del Consejo de Europa cuya opinión es en general respetada por los Estados miembros. En una primera toma de posición, dicha comisión ha advertido que las enmiendas hechas a las tres leyes con respecto a la organización judicial socavarán según parece, la independencia de los fiscales y los jueces rumanos, así como la confianza del ciudadano en la justicia. Los expertos de la Comisión de Venecia recomiendan un equilibrio entre los poderes presidenciales, los del Consejo Superior de la Magistratura y del Ministerio de Justicia en el procedimiento de nombramiento de los jefes de las Fiscalías. La Comisión se declara igualmente preocupada por la limitación de la libertad de expresión de los magistrados, por la legitimación de una estructura de investigación de la actividad de éstos, y por la disminución del papel del Consejo Superior de la Magistratura como garante de la independencia del sistema.
Aunque a raíz de los fallos del Tribunal Constitucional, algunas de las modificaciones ya se adoptaron, es difícil evitar el peligro de que las mismas socaven la independencia del sistema judicial y tengan efectos negativos en la lucha anticorrupción, según advierte el organismo consultivo del Consejo de Europa.
Crítico virulento de las políticas promovidas por la izquierda en el sector de la justicia, el presidente Klaus Iohannis, ha declarado que la recomendación de la Comisión de Venecia constituye una señal muy preocupante con respecto la independencia de la justicia. Klaus Iohannis ha añadido que el dictamen preliminar de la comisión confirma las opiniones manifestadas por la sociedad civil, por el Consejo Superior de la Magistratura y por los magistrados, y justifica las notificaciones de inconstitucionalidad y las solicitudes de reanalizar las respectivas leyes.
El PNL, que lleva la voz cantante de la oposición, ha solicitado al Tribunal Constitucional que tome nota del informe preliminar relativo a las leyes de la Justicia sobre las cuales considera que se tienen que debatir nuevamente en el Parlamento. La Unión Salvad Rumanía y el Partido Movimiento Popular comparten este punto de vista.
En réplica, los juristas socialdemócratas del Parlamento afirman que la opinión preliminar de la Comisión de Venecia contradice la opinión de la oposición y del presidente, según la cual las leyes de la Justicia no se deben modificar. Además, éste no es un documento oficial e incluso desmiente un informe anterior de la Comisión de Venecia, referente a los estándares europeos con respecto a la independencia del sistema judicial.
Una opinión política sumamente quebradiza, opina a su vez el líder demócrata liberal, Calin Popescu Tariceanu, que es también el presidente del Senado, acerca de las advertencias de los expertos internacionales. La evaluación final de la Comisión de Venecia se espera para este otoño.
