Debates con respecto a las leyes de Justicia
La legislación penal y la ley de funcionamiento de la justicia acaloran de nuevo los debates públicos de Bucarest.
Bogdan Matei, 22.10.2018, 13:00
La Comisión de Venecia, organismo consultivo del Consejo de Europa, ha manifestado su preocupación con respecto a las enmiendas hechas por la coalición de gobierno integrada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas a los Códigos Penales. Las modificaciones, han declarado los expertos de dicha Comisión, afectan gravemente la eficiencia del sistema judicial y la lucha anticorrupción. Los expertos recomiendan a las autoridades de Bucarest que hagan una nueva evaluación radical de las respectivas modificaciones, mediante un proceso completo y eficaz de consultas, a fin de obtener unas propuestas legislativas sólidas y coherentes que se beneficien de un amplio respaldo de la sociedad rumana.
La Comisión de Venecia ha apreciado que también las leyes referentes al estatuto de los jueces y de los fiscales, la organización judicial y el Consejo Superior de la Magistratura afectan la eficiencia, la calidad y la independencia de la Justicia. En los debates participaron tanto el titular de Justicia, Tudorel Toader, miembro de este organismo europeo, así como el presidente de la comisión de especialidad de la Cámara de los Diputados de Rumanía, el socialdemócrata Florin Iordache. Estos reanudaron los argumentos ya consabidos del poder de izquierda, según los cuales las modificaciones corresponden a las decisiones del Tribunal Constitucional de Rumanía y a las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ante el cual, debido a los abusos cometidos en la justicia o en las instituciones penitenciarias, Rumanía ha venido perdiendo procesos en serie.
Desde la oposición, el líder del PNL, Ludovic Orban, ha recalcado su convicción, que coincide con la de la prensa y la sociedad civil, de que todos los cambios legislativos promovidos por el Gobierno no persiguen más que subordinar a los magistrados y detener la lucha anticorrupción. Los liberales, ha añadido Orban, intentan presentar en el Parlamento una moción contra el titular de Justicia. También el presidente, Iohannis, considera que después de las críticas formuladas por la Comisión de Venecia, el ministro de Justicia ha perdido definitivamente su credibilidad y que debería presentar su renuncia. En réplica, éste ha calificado la solicitud del presidente Iohannis de inadmisible, ya que el Ministerio de Justicia no fue el promotor de las modificaciones operadas en el Código Penal y de Procedimiento Penal. Tudorel Toader ha subrayado también que la ordenanza de urgencia recién adoptada por el Gobierno que ha modificado de nuevo las leyes de la Justicia no puede funcionar de manera retroactiva y no afecta la estabilidad del sistema judicial. Dicha ordenanza, ha añadido el titular de Justicia, ha normalizado la antigüedad laboral en la magistratura para los fiscales con cargos de ejecución de la Fiscalía General, la Dirección Nacional Anticorrupción y la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo y que de ninguna manera se corre el riesgo de que disminuya el número de los fiscales. En general, los analistas evitan ponerse de una de las partes pero señalan que después de dos años en que las leyes de la Justicia han dominado la agenda pública la sociedad rumana se ha cansado de esta historia que parece que nunca va a terminar.
