Ordenanzas de urgencia para los códigos penales
La dirección del PSD, mayoritaria en la coalición en el poder, intenta aprobar a través de ordenanzas de urgencia las modificaciones de las leyes penales convalidadas por el Tribunal Constitucional.
Ştefan Stoica, 11.12.2018, 14:07
La dirección del PSD ha tomado la decisión política de que es oportuno aprobar mediante ordenanza de urgencia los artículos de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal ya convalidados por el Tribunal Constitucional. La razón de dicha decisión ya transmitida al Ejecutivo integrado por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas, consiste en que el proceso de promulgación de las dos leyes ha sido demasiado largo. El líder socialdemócrata, Liviu Dragnea:
“A raíz de la propuesta de uno de nuestros colegas el tema ha sido debatido en el Comité Ejecutivo y el resultado ha sido transmitido tanto al titular de Justicia como a la primera ministra. Ambos han confirmado que van a analizar la situación. Los colegas de partido han opinado que los artículos declarados constitucionales pueden ser aprobados mediante una ordenanza de urgencia sin impedimento alguno.”
En cambio, los artículos que no han sido declarados constitucionales serán debatidos en el Parlamento para ajustarlos a la ley fundamental.
“Esta historia nunca acabará”, declaraba Liviu Dragnea. Una historia de cambios impugnables e impugnados de leyes de la Justicia y de las leyes penales, que empezó, según subrayan los observadores, con la célebre Ordenanza 13 adoptada en el mes de enero del año 2017, inmediatamente después de la instalación en el poder de la actual mayoría de izquierda. La ordenanza despenalizaba el delito de prevaricación para servirle al líder socialdemócrata, Liviu Dragnea, y a otros políticos investigados por delitos iguales. Bajo la presión de la calle, dicha ordenanza fue retirada. En el presente, igual que antes, la oposición de derecha declara que no hay apremio alguno que justifique la adopción de la ordenanza y acusa al PSD de sustituir al Gobierno y al Parlamento.
El diputado liberal, Ioan Cupsa, considera que semejante decisión podría poner en ridículo la actividad parlamentaria en su totalidad, mientras que el diputado Cristian Seidler, de la Unión Salvad Rumanía, llama la atención a la coalición de que debe tener en cuenta las recomendaciones del Tribunal Constitucional en asuntos de Justicia, así como las recomendaciones de los expertos internacionales. Cristian Seidler:
“Después de la situación creada por la Ordenanza 13, la coalición integrada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas no tiene legitimidad alguna para pensar en una ordenanza de urgencia en asunto de leyes penales y códigos penales. Semejante ordenanza debería estar sometida al debate parlamentario y observar en totalidad las decisiones del Tribunal Constitucional y las recomendaciones de la Comisión de Venecia”.
En el informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación del mes pasado, la Comisión Europea solicitaba a los responsables rumanos que congelaran la entrada en vigor de las modificaciones propuestas para los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y relanzaran el proceso de revisión de los mismos fijándose en la necesidad de ajustar dichos códigos a las leyes de la UE y a los instrumentos internacionales en asunto de lucha contra la corrupción. A su vez, el Parlamento Europeo se ha declarado muy preocupado por la reforma de la normativa judicial y penal de Rumanía motivando que ésta podría socavar, de manera estructural, la independencia del sistema judicial y la capacidad del mismo de luchar de manera eficaz contra la corrupción y que también podría debilitar el Estado de derecho.
