Disputas en cuanto a la DNA
El presidente de Rumanía, Klaus Iohnnis, ha vuelto a rechazar la propuesta de nombrar a Adina Florea para el cargo de fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción.
Ştefan Stoica, 10.01.2019, 13:55
El pasado mes de noviembre, el presidente Klaus Iohannis rechazó la propuesta del ministro de Justicia, Tudorel Toader, de nombrar a Adina Florea, fiscal en Constanza (en el sudeste del país) para el cargo de fiscal jefa en la Dirección Nacional Anticorrupción. Anteriormente, también el Consejo Superior de la Magistratura había considerado que Florea tenía baja tolerancia al estrés y una baja capacidad de análisis y síntesis. Sin embargo, el presidente ha señalado otros motivos para su rechazo, como la legalidad de esta candidatura ya que no hay prueba oficial de que Adina Florea no formara parte o no colaborara con el Servicio de Inteligencia del período comunista. Como el ministro Toader ha vuelto a proponerla, el presidente le ha respondido que el argumento de legalidad sobre el que fue rechazada la primera vez aún existe.
Es posible que el juego institucional entre el presidente y el ministro de Justicia se convierta en el objeto de un análisis constitucional en el Tribunal Constitucional tal como sucedió a mediados del año pasado con la propuesta de destitución del cargo de Laura Codruta Kovesi por parte de Toader, que desembocó, tras el dictamen del Tribunal Constitucional favorable al ministro, en la revocación por parte del presidente Iohannis de Kovesi. El valoración del Consejo Superior de la Magistratura había sida negativa también en este caso.
Cabe recordar que la antigua fiscal jefa de la DNA recurrió su destitución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que se violaron varios derechos. Kovesi afirmó que la decisión se tomó sin que los jueces constitucionales le dieran la posibilidad de defenderse. Como respuesta, el ministro Toader ha declarado que los magistrados del Tribunal Constitucional no juzgan a la gente, sino excepciones, objeciones o conflictos jurídicos de índole constitucional. Por otra parte, la antigua jefa de la DNA ha precisado que no desea recuperar la función sino que busca que este procedimiento abusivo no se aplique a otros fiscales con cargos importantes. Según señala Kovesi, se intenta parar la actividad de los fiscales, su independencia, así como apartar del cargo a los fiscales que desean continuar la lucha anticorrupción.
Elogiada en todos los informes de justicia de la Comisión Europea por su eficiencia en combatir la corrupción de alto nivel, la DNA está pasando por un período gris. Cinco fiscales de la DNA de Oradea (ciudad ubicada en el oeste de Rumanía) han declarado en la Fiscalía General en referencia a una grabación de audio en la que se habla sobre acciones de intimidación de los jueces. El departamento de investigación de los delitos de la justicia abrió la semana pasada un expediente penal in rem para hechos de corrupción en referencia a este caso. La dirección de la DNA ha anunciado que no se responsabiliza de ninguna acción del personal que infringe las normas legales o el código deontológico de los magistrados y ha precisado que ha solicitado notas explicativas a la Dirección Nacional Anticorrupción.
