Reacciones a los nuevos cambios de las leyes de Justicia
Las ordenanzas de urgencia promovidas por el titular rumano de Justicia, especialmente la que modifica las leyes de Justicia han generado una oleada de reacciones.
Ştefan Stoica, 21.02.2019, 14:20
El pasado otoño, la Comisión Europea recomendaba a los responsables de Bucarest que suspendieran la puesta en marcha de las leyes de Justicia y de las ordenanzas de urgencia posteriores y que las revisaran de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y del Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, del Consejo de Europa. Dicha recomendación estaba estipulada en el informe periódico del Mecanismo de Cooperación y Verificación sobre la justicia y era congruente con las impugnaciones rotundas de la sociedad civil, las instituciones judiciales, las asociaciones de los magistrados y la oposición. Han transcurrido dos meses y el titular del ministerio competente, Tudorel Toader, ha promovido, mediante ordenanza de urgencia, una serie de modificaciones de las leyes de Justicia, que entre otras cosas se refieren al nombramiento de los fiscales de alto rango, y apuntan incluso hacia las atribuciones del jefe del departamento de investigaciones. Toader ha explicado que los posibles candidatos a los cargos de alto rango podrán proceder también de las filas de exjueces y que las personas que ocupan en el presente estos cargos mediante delegación de poderes seguirán en el cargo durante 45 días. A fin de detener las críticas formuladas con prontitud por las instituciones afectadas por dichos cambios, Tudorel Toader, ha explicado que algunas de las modificaciones se habrían hecho a raíz del diálogo con el Consejo Superior de la Magistratura y que muchas soluciones pertenecen a esta institución.
La Dirección Nacional Anticorrupción ha apreciado que no hay motivos de fuerza mayor que justifiquen la aprobación mediante ordenanza de urgencia de algunas previsiones referentes al despido de los magistrados o a la modificación de la manera organizativa de las fiscalías. También los fiscales de la Dirección de Investigación de los Delitos de Criminalidad y Terrorismo han criticado la ordenanza reclamando que las modificaciones contravienen los derechos constitucionales y determinan la imposibilidad del Ministerio Público de cumplir con sus atribuciones. El propio Consejo Superior de Magistratura a través de la sección destinada a los fiscales ha advertido acerca de que los cambios de las leyes de Justicia operados por el Gobierno podrán afectar gravemente la actividad de las Fiscalías. También la Comisión Europea ha reaccionado a través de su portavoz, Margaritis Schinas, que ha afirmado que el Ejecutivo comunitario sigue con mucha preocupación las últimas evoluciones relacionadas con el Estado de derecho de Rumanía, tanto en lo referente al contenido como al procedimiento de los últimos cambios con ayuda de las ordenanzas de urgencia, sin consultar con representantes de la justicia y con las personas directamente interesadas. Parece que estos cambios contravienen directamente las recomendaciones formuladas en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, que son defendidas por todos los Estados miembros, ha añadido el responsable de la Comisión Europea. Margaritis Schinas ha recalcado que el informe de la Comisión Europea del pasado mes de noviembre, animaba a Rumanía a instituir un sistema sólido e independiente de nombramiento de los fiscales en altos cargos sobre la base de criterios claros y transparentes, un sistema respaldado por la Comisión de Venecia.
Por otra parte, los fiscales de la Fiscalía del Tribunal de Brasov se han manifestado delante de dicha institución con pancartas que decían “Respetad el Mecanismo de Cooperación y Verificación” “Respetad la independencia de la justicia” “Fiscal independiente”. Ellos consideran que las modificaciones sufridas por el estatuto de los magistrados afectan gravemente la independencia del sistema judicial.
Los principales partidos de oposición, el PNL y la Unión Salvad Rumanía, han presentado ante la Cámara de los Diputados una moción sencilla contra dichas ordenanzas. La oposición acusa al poder de haber modificado las leyes de Justicia con el único fin de proteger a los criminales.
