Debates sobre las nuevas previsiones fiscales
En Rumanía, ha tenido lugar un fuerte intercambio de opiniones entre el poder y la oposición sobre la controvertida ordenanza de urgencia que pretende imponer nuevos impuestos a los bancos y las empresas de telecomunicaciones y energía.
Ştefan Stoica, 05.03.2019, 14:15
Las ordenanzas de urgencia aprobadas por el Gobierno, una que modifica las leyes de Justicia y otra que impone nuevos impuestos a sectores clave de la economía (bancos, telecomunicaciones y energía) han caldeado el discurso público y han tensado aún más las relaciones entre el poder de izquierda y la oposición de derecha.
Ambas ordenanzas tienen algo en común: han sido aprobadas por el Gobierno de PSD-ALDE sin consultas previas con los afectados por los cambios y han sido duramente criticadas, no solo en el país sino también en el extranjero, especialmente por parte de los socios europeos. El pasado lunes, la primera ministra Viorica Dăncilă tuvo que responder a las acusaciones hechas por la oposición con respecto a la ordenanza que, según el PNL y la USR, debería abrogarse porque afecta al ámbito empresarial, los bancos y el sector de la construcción.
Tras la aplicación de la ordenanza, las facturas de gas y electricidad se han incrementado y también se han encarecido los créditos, según ha precisado la jefa de los diputados del PNL, Raluca Turcan. La responsabilidad legal pertenece a la primera ministra, ha recordado Turcan, aunque los autores son, de hecho, el líder del PSD, Liviu Dragnea, y el asesor económico de la primera ministra, Darius Vâlcov.
Raluca Turcan: «Han firmado esta desafortunada ordenanza, que ha transformado la vida de los rumanos en una pesadilla, la Ordenanza 114, la ordenanza de la codicia que caracteriza el grupo liderado por Dragnea y Vâlcov, la ordenanza que impone nuevos impuestos, lo que dificulta el pilar de las pensiones de la generación joven y obliga a las administraciones locales a subir las tasas y los impuestos».
En respuesta, la primera ministra Dăncilă ha destacado que la ordenanza contiene medidas para estimular el desarrollo económico mediante el aumento del nivel de inversiones. Al mismo tiempo, protegería a los consumidores domésticos de electricidad.
Viorica Dăncilă: «¿Les parece normal que los rumanos paguen tasas de interés dobles frente al resto de los ciudadanos de la Unión Europea? ¿A quién no le conviene que estemos pensando en el bienestar de los rumanos? A través de la Ordenanza 114 queremos que estos miles de millones de euros lleguen al presupuesto estatal para la construcción de escuelas, hospitales y carreteras. En el sector energético, los consumidores de electricidad de los hogares estarán protegidos mediante la creación de un nuevo mecanismo, a saber, el servicio universal para los consumidores domésticos.»
La USR ha reprochado al poder que, a través de las nuevas medidas fiscales, hará que las agencias calificadoras degraden la calificación de Rumanía y que ponen en peligro las pensiones administradas por el sector privado. Por su parte, la ALDE, el socio del PSD en el Gobierno, cree que la oposición, a través de sus acusaciones, crea pánico entre la población. A su vez, la UDMR respalda la coalición PSD-ALDE en el Parlamento, pero opina que la aplicación de la ordenanza debería posponerse.
En opinión de la Unión, la práctica de aprobar ordenanzas por procedimiento de urgencia, con una aplicabilidad casi inmediata, debería cesar porque causa incertidumbre y confusión. La Alianza de Confederaciones de las Patronales de Rumanía también ha solicitado la postergación de la aplicación de algunas regulaciones en la ordenanza, a fin de encontrar soluciones que correspondan al propósito del Gobierno, pero sin afectar significativamente el entorno socioeconómico.
(versión española Simona Sarbescu)
