La iniciativa ”Sin condenados penales en cargos públicos”
El Tribunal Constitucional ha decidido que la iniciativa ciudadana que pide revisar la ley fundamental para prohibir el acceso a cargos públicos a personas condenadas con sentencia firme cumple con las disposiciones constitucionales.
Leyla Cheamil, 10.04.2019, 14:16
El Tribunal Constitucional de Rumanía estableció el martes la constitucionalidad de la iniciativa ciudadana «Sin condenados penales en cargos públicos», iniciada por la formación política de la oposición Unión Salvar Rumanía (USR). Esta iniciativa que será sometida al procedimiento parlamentario, propone que el artículo 37 de la Constitución, que regula el derecho a ser elegido, se complete con un nuevo párrafo, que dice lo siguiente: «No pueden ser elegidos en cargos de la administración pública local, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el cargo de presidente de Rumanía, los ciudadanos condenados con sentencia firme a penas privativas de libertad por delitos cometidos con intención, hasta que se produzca una situación que elimine las consecuencias de la condena.”
El pasado 12 de febrero, la USR anunció que las planillas con las firmas que apoyaban esta iniciativa ciudadana habían llegado al Tribunal Constitucional después de más de 100 días de retraso y, de acuerdo con la ley, los jueces del Constitucional tenían un plazo de 60 días naturales para decidir sobre la constitucionalidad del texto propuesto. Se reunieron más de un millón de firmas y más de 930.000 se depositaron en el Parlamento, de las cuales se validaron alrededor de 825.000. La USR y el Partido Nacional Liberal (PNL) han acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional y dicen que insistirán en que la ley sea adoptada durante esta legislatura. El presidente de la USR, Dan Barna, espera que sea votada y apoyada por los parlamentarios de todos los partidos políticos:
“Yo y mis colegas haremos uso de todos los recursos permitidos por la ley para obligar a la Oficina Permanente a que incluya nuestra iniciativa en el orden del día del Parlamento para poder luego organizar el referéndum mediante el cual los ciudadanos rumanos votarán por una cosa muy simple: un condenado penal no debe representarnos en ningún cargo.”
En cambio, desde el campo de poder, el Partido Social Demócrata (PSD) afirma que no está claro si se trata de todos los cargos públicos o solo de los elegidos. El vicepresidente de la Cámara de los Diputados, Eugen Nicolicea, señala que las firmas han sido recolectadas para la prohibición de los condenados penales en todos los cargos públicos, aunque en el texto del documento declarado constitucional se hace referencia solo a los elegidos, es decir a los parlamentarios, a los concejales locales y al presidente del país.
“Quizás las personas que apoyaron con sus firmas esta iniciativa quisieron que los condenados penales no ocuparan ningún cargo público. No entiendo por qué la USR se refirió sólo a los cargos elegidos por la ciudadanía.”
Una vez aprobada por el Tribunal Constitucional, la propuesta de revisión debe ser debatida en las comisiones parlamentarias y aprobada por la Cámara de los Diputados y el Senado con dos tercios de los votos. Posteriormente, se someterá a un referéndum que, para validarse, debe contar con cuórum y mayoría de votos.
