Recomendaciones para combatir la corrupción
La manera en que funciona el Estado de derecho en Rumanía sigue preocupando a los socios del extranjero.
Bogdan Matei, 10.07.2019, 14:33
Los diagnósticos externos confirman las valoraciones que el presidente, la oposición, la sociedad civil y la prensa de Rumanía han venido haciendo desde hace dos años y medio. Este martes, el Consejo de la UE ha manifestado su preocupación por la modificación de las leyes de la justicia en Rumanía, considerando que la misma podría socavar la eficiencia de la actividad de los jueces y los fiscales, disminuyendo a la vez la confianza del ciudadano en el sistema judicial.
En el mismo día, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa, GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción, ha apreciado que durante el Gobierno PSD-ALDE, Rumanía ha obtenido progresos mínimos en la adopción de medidas para la prevención de la corrupción al nivel de parlamentarios, jueces y fiscales y para disipar las inquietudes relacionadas con la controvertida reforma del sistema judicial.
Los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción expresan la preocupación profunda por el hecho de que las autoridades han ignorado por completo la recomendación de abandonar la creación de la sección para la investigación de los delitos en la justicia, percibida como una modalidad de intimidar y dominar a los magistrados.
Por otra parte GRECO ha acogido positivamente el anuncio del mes pasado de la primera ministra, Viorica Dancila, sobre la intención de renunciar a las controvertidas reformas del sector de la justicia, acerca de las cuales los adversarios del poder han declarado más de una vez, que persiguen subordinar a los magistrados y detener la lucha anticorrupción. El Grupo de Estados contra la Corrupción ha solicitado a las autoridades que mejoren su actividad al respecto antes del 30 de junio de 2020. Esta es la fecha límite del proceso de evaluación después del cual el Consejo de Europa podría declarar que la situación no se ajusta a sus estándares. La clase política de Rumanía ha reaccionado con prontitud a los informes GRECO. El líder de los liberales, Ludovic Orban y el de la Unión Salvar Rumanía, Dan Barna, han declarado que los informes confirman el hecho de que las decisiones tomadas por el PSD y ALDE sólo han perseguido bloquear la lucha anticorrupción y comprometer la independencia de la justicia y el Estado de derecho. Ambos piden al unísono la disolución de la sección especial para la investigación de los magistrados. El líder de la Alianza de Liberales y Demócratas, Calin Popescu Tariceanu, reprocha a los expertos GRECO una visión parcial que hace abstracción de la existencia de los protocolos secretos concluidos entre los magistrados y los servicios de inteligencia.
A su vez, la titular de Justicia, Ana Birchall, considera que partiendo de los informes GRECO, cada institución aludida tiene que hacer su propio análisis y tomar las medidas correspondientes. La presidenta del Tribunal Superior de Casación y Justicia, Cristina Tarcea, ha declarado que los expertos GRECO han confirmado las quejas formuladas por el Tribunal Supremo en relación con la falta de transparencia y de diálogo, con el riesgo de que los magistrados renuncien a sus cargos, de las promociones arbitrarias, o con la limitación de la independencia de los jueces y los fiscales. Cristina Tarcea ha manifestado la esperanza de que todos aquellos que han propuesto y respaldado incondicionalmente las modificaciones de las leyes que infringen la independencia de la justicia asuman el resultado de sus acciones dimitiendo del cargo o retirándose decentemente del ámbito público.
