Medidas contra la delincuencia
Las autoridades de Rumanía han propuesto aplicar medidas más duras en el caso de los delitos graves contra las personas y mejorar el sistema de emergencias 112.
Mihai Pelin, 23.08.2019, 13:45
El Ministerio de Justicia de Rumanía endurece los castigos en el caso de los delitos graves contra las personas y cambia las condiciones en las que se efectúan los registros domiciliarios y las normas en el caso de la libertad condicional. El proyecto de modificación de los Códigos Penales ha sido presentado por la ministra Ana Birchall, quien ha precisado que el objetivo del Gobierno es el de tener reglamentaciones que puedan prevenir tragedias como la de Caracal, donde dos adolescentes habrían sido secuestradas, violadas y matadas por Gheorghe Dincă, un hombre de 66 años de edad. Se propone castigar el secuestro, por separado, con una condena de entre 2 y 8 años. Asimismo, subirá el límite de edad de 60 a 65 años en el caso de la libertad condicional, junto con otras condiciones acumulativas como el cumplimiento efectivo de 25 años de prisión, y no 20, como está previsto actualmente. La Dirección de Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada y Terrorismo (la fiscalía antimafia, DIICOT, por sus siglas en rumano) tendrá más atribuciones. Ana Birchall:
“Proponemos extender también la competencia de la DIICOT a las versiones agravantes del delito de privación ilegal de la libertad mediante el secuestro, así como al caso del delito de esclavitud, teniendo en cuenta la gravedad y gran complejidad de estos hechos.
Se propone solucionar inmediatamente el registro domiciliario, y no en 24 horas, como está previsto ahora en la ley. Además, se podrá efectuar también en el intrevalo 20:00-6:00 en el caso de los delitos flagrantes. Las modificaciones se pondrán en marcha mediante una ordenanza de urgencia. Se ha tomado esta decisión después de que más de 16.000 presos fueran liberados a partir de octubre de 2017 hasta el mes de marzo de este año mediante la ley del recusro compensatorio puesta en marcha por el exministro de Justicia, Tudorel Toader, apoyado entonces por el PSD y la ALDE. Muchos de ellos habían sido condenados por homicidio, robo o violación, y parte de ellos han reincidido en otros delitos después de haber sido liberados.
Otro proyecto de ordenanza de urgencia propuesto por el Gobierno se centra en el crecimiento del rendimiento del sistema 112. Una de las normas más controvertidas se refiere a la compra de tarjetas prepago sólo con un documento de identidad, teniendo en cuenta que el año pasado casi la mitad del número total de llamadas al servicio de emergencias fueron falsas. La norma se aplica ya en 22 países europeos, desalentará las llamadas falsas y facilitará la localización de una persona que está pidiendo ayuda, ha afirmado el secretario de Estado en el Ministerio del Interior, Raed Arafat:
“Una persona llama y hasta que ofrezca sus datos y toda la información, pierde el conocimiento, está sola en casa, no sabemos a quién pertenece el teléfono. Volvemos a llamar una vez, dos veces y se acabó.
Otra modificación de la ley prevé la posibilidad de localizar a la persona que llama al 112 mediante los satélites Google, lo que permitiría una precisión de hasta 50 metros frente a 20, tal vez 30 kilómetros, como funciona actualmente el sistema.
