Reglamentaciones legislativas criticadas
El escenario político de Bucarest está dominado por las disputas entre el poder y la oposición, los políticos y los magistrados.
Bogdan Matei, 30.01.2020, 14:34
Instalado el pasado mes de noviembre, después de la caída mediante moción de censura del gabinete del PSD encabezado por Viorica Dancila, el Gobierno monocolor del PNL dirigido por Ludovic Orban es muy vulnerable. El peso de los parlamentarios liberales es de tan sólo un 20% y a veces los votos de los socios de la USR o del Partido Movimiento Popular no son suficientes para promover sus proyectos. Como depende del apoyo puntual y selectivo de algunas minorías coyunturales, el Ejecutivo ha preferido asumir repetidamente la responsabilidad ante el Parlamento por varias modificaciones legislativas. La última de éstas, que se refiere a la elección de los alcaldes en dos rondas de elecciones, ha vuelto a caldear los ánimos. Al igual que otras voces de la política o de la sociedad civil, el primer ministro Orban afirma que la modificación de la legislación electoral fue impuesta por la necesidad de conferir más legitimidad a los alcaldes. La actual fórmula, en la que gana el candidato que obtiene el mayor número de votos en la primera ronda, ha causado situaciones extrañas como la de Galati por ejemplo (en el sudeste), la ciudad con puerto fluvial más grande, donde el actual alcalde fue votado por tan sólo un 9% del electorado. El PSD ha bloqueado en la comisión parlamentaria especial el proyecto de ley y ha anunciado que presentará una moción de censura apoyada también por la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía que desea conservar el monopolio político en numerosas localidades de Transilvania (en el centro del país).
El líder interino del PSD, Marcel Ciolacu, ha declarado que el primer ministro no debería haber venido al Parlamento para asumir la responsabilidad después de que el Tribunal Constitucional ya decidiera que semejante procedimiento era inconstitucional al referirse a los documentos que están siendo debatidos en el Legislativo. Él ha añadido que si la moción de censura no es aprobada, el PSD informará al Tribunal Constitucional. Los socialdemócratas se han quejado también a la Comisión de Venecia a través de la Junta Parlamentaria del Consejo de Europa. En cambio, el Parlamento Europeo ha rechazado la solicitud del PSD, formación que pidió que el asunto fuera debatido en el pleno de Estrasburgo.
Si la modificación de la legislación electoral causa problemas entre los partidos políticos, la derogación de las denominadas pensiones especiales provoca polémicas entre los políticos y los magistrados. El martes pasado, la Cámara de los Diputados aprobó con 247 votos a favor y ninguno en contra la eliminación de las pensiones especiales de los parlamentarios, jueces y fiscales, del personal auxiliar de especialidad de los tribunales y las fiscalías. Se encuentran en esta misma situación los funcionarios públicos con estatuto especial, los miembros del cuerpo diplomático y consular y del Tribunal Constitucional así como el personal aeronáutico. Todas estas categorías se beneficiaban de pensiones que no respetaban el principio de contributividad y eran hasta 15 veces mayores que una pensión promedio. Jueces del Tribunal Superior de Casación y Justicia así como el Consejo Superior de la Magistratura han decidido informar al Tribunal Constitucional. Los magistrados precisan que la ley que elimina las pensiones especiales es inconstitucional e infringe “brutalmente” los principios de la independencia e inamovilidad de los jueces.
