Decisión en relación con las tarjetas telefónicas prepago
Los espíritus se caldean nuevamente en Rumanía tras la decisión del constitucional de invalidar una ordenanza de urgencia del Gobierno anterior.
Bogdan Matei, 19.02.2020, 15:44
A diferencia de las dictaduras, los regímenes democráticos no pueden garantizar fácilmente la seguridad pública sin afectar los derechos del ciudadano y tampoco pueden graduar correctamente la proporción de libertad con la cantidad de seguridad.
En Rumanía, la ordenanza de urgencia que regula la venta de las tarjetas prepago para los móviles sólo con el documento de identidad ha sido declarada inconstitucional en su totalidad este martes por el Tribunal Constitucional. Los jueces del Tribunal Constitucional han decidido por unanimidad que la ley emitida por el Gobierno dirigido por la socialdemócrata Viorica Dancila infringe las disposiciones de la Constitución ya que el Ejecutivo sólo justificó la oportunidad y la necesidad de dichas reglamentaciones sin motivar por qué se requería emitir una ordenanza de urgencia. De este modo, el Tribunal ha respondido a la queja presentada el pasado otoño por el Defensor del Pueblo que entre otras cosas declaraba que dichas disposiciones “afectaban los derechos, las libertades y las obligaciones ciudadanas”.
La ordenanza que imponía la presentación de un documento de identidad para la compra de una tarjera prepago fue emitida por el Gobierno el pasado verano tras la tragedia conocida como el caso de Caracal. Entonces, una de las víctimas de un violador y asesino en serie había llamado al número de emergencia 112 para pedir ayuda utilizando un móvil con tarjeta de prepago que no hizo posible su inmediata ubicación. La joven fue asesinada y el drama de la pequeña ciudad horrorizó y enfureció a la opinión pública. Policías, fiscales, operadores del número de emergencia 112, legisladores y gobernantes se han transformado en blancos de las críticas virulentas de la prensa y de los ciudadanos. La primera reacción de los políticos consistió en emitir la Ordenanza 62/2019. En el presente, la organización para la defensa de los derechos humanos APADOR-CH acoge con satisfacción la decisión del Tribunal de declararla inconstitucional.
“La limitación de un derecho fundamental no se puede hacer a través de una ordenanza de urgencia y tanto los políticos como los ciudadanos que no ven las implicaciones de esta tentativa deberían comprenderlo.” La decisión de vender tarjetas prepago sólo con el carné de identidad nada tenía que ver con la ubicación de las personas que llaman al número de emergencia 112 y esperamos que nunca volvamos a ver cómo las autoridades permanecen impotentes ante un caso trágico como el de Caracal, recoge la página de Facebook de la organización APADOR-CH. También en el año 2014, una ley relativa a la identificación de usuarios de tarjetas telefónicas prepago y de los usuarios de redes wifi fue declarada inconstitucional. Los jueces del Tribunal Constitucional consideraron en la época que el modo en que eran protegidos los datos personales de los usuarios no era lo suficientemente seguro. El balón está ahora en el campo de la clase política cuya legislación no deberá infringir más las disposiciones de la Constitución. Los analistas han subrayado que el asunto de las tarjetas prepago se debe solucionar ya que en todo el mundo éstas forman parte de los métodos predilectos de los terroristas o de los traficantes de drogas y de seres humanos.
