Ha sido impugnado el proyecto legislativo que grava las pensiones
En Bucarest, el Tribunal Constitucional ha sido notificado en referencia a la ley que grava las pensiones especiales.
Corina Cristea, 19.06.2020, 12:44
En su calidad de foro de decisión, la Cámara de los Diputados de Bucarest votó el miércoles a favor de un proyecto de ley que prevé tributar las indemnizaciones y los ingresos para el límite de edad. El proyecto fue adoptado por el Senado en 2019 y apoyado en el pleno por todos los grupos parlamentarios. Es una gestión para la justicia social, según declaran los parlamentarios dado que las diferencias entre las pensiones civiles y las especiales son, en algunos casos, muy grandes. El beneficiario de la pensión más grande en Rumanía, de más de 15.000 euro, es un antiguo fiscal comunista que ocupó el cargo de comandante en un penitenciario. Cabe precisar que la pensión promedia de Rumanía no supera los 250 euros.
A partir de ahora, conforme a una enmienda formulada por el PSD y la USR, en la oposición, y el PNL, en el Gobierno, los parlamentarios han decidido aprobar la ley que grava la cuantía mensual de la diferencia entre la pensión especial y la pensión contributiva determinada en función de las aportaciones efectuadas al sistema de pensiones. Una diferencia entre 2.000 lei (unos 400 euros) y 7.000 lei está gravada, como antes, en un 10%, y para cantidades superiores a los 7.000 lei el impuesto será del 85%.
Entre las personas que se benefician en Rumanía de las denominadas pensiones especiales figuran entre otros, los jueces, los fiscales, los parlamentarios y los alcaldes. Asimismo, de un régimen aparte se benefician también las pensiones militares. Sin embargo, el proyecto aprobado el miércoles no incluía a los senadores y diputados para los que era necesario modificar el estatuto, por eso el jueves el Parlamento decidió tributar gradualmente también las pensiones de los parlamentarios. En desacuerdo con la mayoría y en vano, la USR ha abogado por la introducción de un proyecto de ley que prevé gravar las pensiones especiales de los parlamentarios, explicando que su tributación a través del Código Fiscal no debe someterse al pleno reunido. Esto determinará un rechazo por parte del Tribunal Constitucional porque en realidad la misma ley se ha votado dos veces en la Cámara de los Diputados, en calidad de foro de decisión y en el pleno reunido, como una modificación del Código Fiscal, según afirma Dan Barna. Él ha acusado que, citamos sus palabras Todo parece una película. Ponéis un paquete de dinamita a la base constitucional de esta ley para aseguraos de que el Tribunal Constitucional rechace esta ley”.
Por otro lado, el PSD y el PNL han explicado que el Tribunal Constitucional ha decidido, entre otras cosas, que la modificación del estatuto de los parlamentarios tenga lugar en la reunión común del Legislativo. Ambas formaciones han reiterado que la medida significa justicia social y están sorprendidas por la oposición de la USR.
Previsiblemente, el Tribunal Constitucional ha sido notificado por el Alto Tribunal de Casación y Justicia y por el Defensor del Pueblo. El Tribunal Supremo acusa que se ignoran decisiones sucesivas del Tribunal en este campo y no se ha consultado con el Consejo Superior de la Magistratura y a la vez considera que se infringen varios principios entre los cuales el de la imposición fiscal justa y equitativa y el de la independencia de los jueces. El Tribunal Constitucional de Rumanía también rechazó el pasado mes de mayo un proyecto legislativo que agravar las pensiones especiales y aprobó dos notificaciones presentadas por el Alto Tribunal de Casación y Justicia y el Defensor del Pueblo.
