Dos años después de la protesta del 10 de agosto
Continúa la odisea legal del polémico expediente 10 de agosto de 2018, que investiga la dura intervención de la Gendarmería en una protesta antigubernamental.
Eugen Coroianu, 11.08.2020, 12:58
En Rumanía continúa la odisea legal del polémico expediente «10 de agosto». El caso se refiere a la forma en que la Gendarmería actuó durante una protesta masiva que tuvo lugar en el verano de 2018, cuando unos 100.000 rumanos, muchos de ellos de la diáspora, se reunieron en la Plaza de la Victoria de Bucarest exigiendo la dimisión del Gobierno encabezado por la primera ministra Viorica Dăncilă. La gente estaba descontenta con el Gobierno socialdemócrata y sus decisiones sobre las leyes de la justicia y los Códigos Penales, así como con la destitución de Laura Coduța Koveși de la dirección de la Fiscalía Anticorrupción (DNA). Los manifestantes presentaron cientos de denuncias en las que acusaban a los gendarmes de violencia excesiva y el uso de gas contra los civiles. Según los participantes, la manifestación se había desarrollado en calma y los ataques contra los gendarmes habían sido llevados a cabo por una minoría que hubiera podido ser aislada y neutralizada por las fuerzas del orden.
El expediente «10 de agosto», que investigaba la intervención de los gendarmes y que fue administrado por la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT, por sus siglas en rumano) fue cerrado el mes pasado. Los fiscales argumentaron en el orden de clasificación que hubo una «complicidad moral» de los manifestantes pacíficos en la Plaza de la Victoria, que no se delimitaron de los manifestantes violentos y, por su actitud, incluso alentaron su comportamiento agresivo. También señalaron que no había pruebas que apoyaran la acusación hecha por los gendarmes y los líderes del Partido Social Demócrata (PSD) de que la protesta había sido un intento de golpe de Estado. Sin embargo, la semana pasada la fiscal jefe de la DIICOT, Giorgiana Hosu, desmintió parcialmente la solución de clasificación y ordenó la reapertura de la acusación en el caso de los ex jefes de la Gendarmería. La señora Hosu argumentó que el fiscal que cerró los cargos no había vuelto a administrar las pruebas reunidas por la Fiscalía Militar y que tampoco había escuchado a los sospechosos, víctimas y testigos.
Si la decisión de la DIICOT es confirmada por un juez, escribe Agerpres, se reanudará el enjuiciamiento penal por delitos de abuso de autoridad, participación indebida en conducta abusiva, falso intelectual y uso de la falsificación, complicidad en el delito de abuso de autoridad. El expediente también se reabrirá en términos del delito de favorecer al autor, falso intelectual y uso de la falsificación.
El lunes, el Tribunal de Apelaciones de Bucarest dictaminó que no tenía la competencia material para escuchar la solicitud de la DIICOT de reabrir la investigación contra los ex jefes de la Gendarmería y trasladó el juicio al Tribunal de Bucarest.
La viceprimera ministra liberal, Raluca Turcan, dijo que el 10 de agosto de 2018 representa una «herida no cerrada de la reciente democracia rumana» y subrayó que espera que la justicia aclare los elementos en este expediente. Destacó asimismo que la represión violenta de los derechos de los ciudadanos debe ser castigada.
La semana pasada el presidente Klaus Iohannis dejó claro que era importante que «los verdaderos culpables» fueran castigados y que «el hecho de que este asunto durara tanto era lo suficientemente malo». El año pasado, el presidente interino del PSD, Marcel Ciolacu, había afirmado que los acontecimientos del 10 de agosto fueron gestionados de una manera «equivocada y un poco azarosa», y que el PSD lo pagó porque fue una de las razones por las que perdió las elecciones presidenciales.
(Eugen Coroianu)
