El mercado laboral, medidas en preparación
En un año con numerosas reducciones presupuestarias, las autoridades rumanas desean eliminar la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación con el sueldo.
Bogdan Matei, 12.03.2021, 17:41
Promovido por el Gobierno de coalición de Rumanía, el proyecto de
ley que, salvo algunas excepciones, prohíbe compatibilizar el cobro de la prestación pública de
jubilación con el sueldoya se ha
puesto en debate público. Después de la aprobación del documento, 35.000
funcionarios públicos que en el presente se benefician de las ambas formas de
ingreso se verán obligados a optar por tan sólo una de ellas. La ley permite
continuar la actividad después de la edad de jubilación hasta los 70 años tanto
en el sistema público como en el privado. Sin embargo, los empleados públicos deberán elegir entre la
pensión y el sueldo.
La ministra liberal de Trabajo, Raluca Turcan, ha subrayado que la
actividad hasta los 70 años de edad es un derecho y no una obligación:
Se trata de una
opción del empleado para seguir trabajando aunque tenga la edad legal de
jubilación que aporta muchas ventajas: la persona sigue siendo activa en el
mercado laboral y tiene la posibilidad de recibir un sueldo similar al que
cobró en el momento de su jubilación.
La ministra Turcan ha subrayado que nada impedirá a los jubilados seguir
trabajando si lo desean y en el sistema privado podrán cobrar también su
pensión. Esta medida no se aplicará a ciertos tipos de ingresos tales como el
pago por hora o los derechos de autor. Asimismo, según el proyecto legislativo,
podrán compatibilizar la pensión con el sueldo los profesores, los miembros de
la Academia Rumana y los electos del Parlamento o de la administración local
que ocupan el cargo en el momento de la aprobación de la ley.
Desde la oposición, los socialdemócratas critican de manera
vehemente el documento. El antiguo ministro de Trabajo del PSD, Marius Budăi,
declara que a través de esta ley se trata de aumentar la edad de jubilación.
Marius Budăi:
Obligar a
alguien entre los 65 y los 70 años de edad que opte por la pensión o el sueldo
es inconstitucional y en realidad esta opción obliga a renunciar a una de las
dos formas de ingreso.
Las propuestas, las sugerencias y las opiniones acerca de este
proyecto legislativo pueden transmitirse al Ministerio de Trabajo hasta el
próximo 20 de marzo. Los comentaristas esperan que una vez llegado a los
parlamentarios, muchas de las previsiones de dicho proyecto de ley sean
seriamente modificadas. Ellos anotan diferencias fundamentales entre un médico
de 65 años que volvió al consultorio o al hospital asumiendo los riesgos que
implica la pandemia y un antiguo policía jubilado a los 45 años de edad y
reincorporado al trabajo por un sueldo equivalente a miles de euros ocupando un
cargo bueno en el Ministerio del Interior.
A medio y largo plazo, según comenta la prensa, los efectos de la
nueva ley serán beneficiosos sobre todo en las instituciones en las que
diferentes personajes ocupan cargos públicos desde hace decenas de años y
continúan siendo jefes también después de jubilarse, perpetuando prácticas
laborales heredadas del comunismo.
