Los parlamentarios recuperan sus pensiones especiales
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha decidido que la ley a través de la cual se han eliminado las pensiones especiales de los parlamentarios es inconstitucional.
Mihai Pelin, 06.05.2022, 12:13
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha decidido que la ley a través de la cual se han eliminado las pensiones especiales de los parlamentarios es inconstitucional. Los jueces no han entrado en su fondo, sino que han declarado inconstitucional el procedimiento a través del cual se ha aprobado el proyecto. Aunque el procedimiento no se haya iniciado oficialmente, la ley se ha aprobado rápidamente, en un solo día, lo que afectaría el mismo carácter “democrático” del Estado, según ha precisado el Tribunal Constitucional de Rumanía. La decisión se ha tomado después de que más de 70 exparlamentarios atacaran en el tribunal la pérdida de estos derechos y ganaran en varios tribunales en el país.
En febrero del año pasado, el pleno del Parlamento aprobó el proyecto del PSD sobre la abrogación de las pensiones especiales de los senadores y diputados en detrimento de otras dos iniciativas del PNL y la USR. Los únicos que se abstuvieron de votar fueron entonces los responsables de la UDMR, que catalogaron el proyecto socialdemócrata como demagógico y populista, invocando la necesidad de eliminar todas las pensiones especiales.
Las reacciones tras la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía no han tardado. Los socialdemócratas han reiterado su postura en contra de las pensiones especiales para los parlamentarios, precisando que, después de la motivación de la decisión, repetirán el procedimiento “tantas veces como el Tribunal Constitucional de Rumanía decida que es necesario”. La USR también considera la decisión “una bofetada en la mejilla de los rumanos que, después de una vida de trabajo honesto y de pagar las contribuciones al sistema de pensiones, apenas viven de un día para otro”. La USR ha anunciado que esperará la motivación de la decisión del Tribunal, dado que, cuando se aprobó la ley, el Defensor del Pueblo afirmó que no había identificado razones de inconstitucionalidad.
Una vez tomada esta importante decisión, aproximadamente 820 exparlamentarios que se beneficiaban de estas pensiones especiales recuperarán el dinero por los últimos 15 meses desde que ya no se efectuó el pago. Entre ellos están los ex primeros ministros Adrian Năstase, Petre Roman o Teodor Stolojan. También entre los parlamentarios que se beneficiaban de estas pensiones especiales hay jueces del Tribunal Constitucional de Rumanía, siendo el actual presidente Valer Dorneanu uno de ellos. La indemnización especial obtenida por un parlamentario rumano va desde 2.000 leus (aproximadamente 400 euros) para alguien que tuvo un mandato breve entre 1990 y 1992, inmediatamente después de la caída del régimen comunista, y puede llegar a 12.000 leus (aproximadamente 2.400 euros) para alguien que tuvo dos mandatos. En Rumanía, aproximadamente 10.000 personas reciben pensiones especiales, y casi la mitad de los beneficiarios de las pensiones especiales son magistrados, según la Casa Nacional de Pensiones Públicas. A estas pensiones de jubilación se añaden las de los militares, policías, empleados de los servicios de inteligencia, que son pagados con fondos procedentes de las casas de pensiones de los ministerios de Defensa y del Interior. La mayoría de los beneficiarios de las pensiones de jubilación, 4.452, siguen siendo jueces y fiscales. Uno de ellos recibe la mayor pensión media de jubilación: 20.159 leus (aproximadamente 4.080 euros).
Versión en español: Monica Tarău
