Medidas en materia de energía
Las cuestiones energéticas dominaron la última reunión del año del Gobierno en Bucarest.
Bogdan Matei, 29.12.2022, 11:20
La guerra en la vecina Ucrania y la crisis energética que ha generado en toda Europa han obligado a los responsables políticos de Bucarest a buscar urgentemente durante todo el año soluciones legislativas para garantizar el suministro de electricidad, gas y calefacción tanto a la población como a los agentes económicos. Como la legislación no siempre ha sido coherente, no ha habido ningún ámbito en el que las reglas del juego hayan cambiado con más frecuencia.
En la reunión del miércoles, la última del año, el gobierno aprobó un nuevo proyecto de decreto ley que suprime la declaración sobre el consumo eléctrico. Debían rellenarlo los clientes domésticos con más de una casa o apartamento. El requisito se estipuló en una nueva ley, lo que causó confusión tanto entre los particulares como entre los distribuidores de electricidad. Por este motivo, la coalición de gobierno PSD-PNL-UDMR decidió suprimir la declaración, mediante una ley aprobada por el ejecutivo.
También el miércoles, el Gobierno decidió que la medida de compensar los precios de los carburantes en 50 bani (equivalentes a 10 céntimos de euro) por litro dejará de aplicarse a partir del 1 de enero de 2023. El Primer Ministro Nicolae Ciucă afirma, sin embargo, que las autoridades están dispuestas a recurrir de nuevo a esta solución, si la evolución de los precios supera el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El Gobierno también ha anunciado que gravará con impuestos adicionales a las empresas energéticas que hayan obtenido beneficios sustanciales en la reciente crisis. El proyecto de ley impone un recargo del 60 % sobre los cuantiosos beneficios obtenidos este año por las empresas petroleras, gasísticas, carboneras y de refino. El secretario de Estado del Ministerio de Hacienda, Mihai Diaconu, explicó que la base imponible es lo que supera en más de un 20 % la media de los beneficios de los últimos cuatro años. La mayor parte del dinero se destinará a financiar inversiones, según promete el Gobierno. Sin embargo, los representantes de las empresas del sector afirman que el porcentaje de recargo es demasiado elevado y que bloqueará sus propias inversiones. Los operadores energéticos dicen que el 33 % habría sido un tipo adecuado del recargo impositivo.
Por último, el Gobierno aplaza hasta el 31 de octubre de 2023 el cierre de los grupos energéticos de lignito (carbón fósil) de Rovinari y Turceni, pertenecientes al Complejo Energético de Oltenia (suroeste), así como de las explotaciones mineras conexas. Según los compromisos asumidos por Rumanía en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), estos deberían haberse cerrado a finales de este año. El Gobierno ha justificado el aplazamiento alegando la dificilísima situación energética del país y de toda Europa, incluidos los ataques de Rusia a las infraestructuras energéticas ucranianas.
Traducción al español: Antonio Madrid
