El Gobierno quiere ahorrar dinero
El Gobierno de Bucarest anunciará en breve medidas para recortar el gasto público.
Ştefan Stoica, 24.04.2023, 12:29
Los ingresos presupuestarios en la primera parte del año fueron inferiores a lo previsto y el Gobierno se vio obligado a recurrir a recortes del gasto para mantener el déficit presupuestario dentro de los límites permitidos. Los expertos ya habían advertido el año pasado, tras analizar la construcción presupuestaria, del riesgo de sobrestimar los ingresos e infravalorar los gastos.
Esta semana, el ejecutivo de coalición de Bucarest anunciará formalmente un paquete de reformas del gasto público destinado a ahorrar miles de millones de leus de aquí a finales de año. Las medidas se incluirán en un proyecto de ordenanza de urgencia que se espera aprobar en la primera reunión del gobierno. El primer ministro, Nicolae Ciucă, volvió a asegurar que las medidas que se tomen no afectarán a los salarios, el empleo y la inversión.
No se trata de medidas de austeridad, sino de medidas de eficiencia, declaró Nicolae Ciucă:
«Con estas medidas fiscales que aprobaremos después de tomar una decisión en coalición, vamos a asegurarnos de que no nos salimos del objetivo de déficit. No estamos hablando de medidas de austeridad, porque hemos visto en los últimos años que no solo la economía rumana, sino cualquier economía no se desarrolla ni funciona en parámetros normales con medidas de austeridad. En cambio, creo que podemos hablar de medidas de austeridad para que el dinero público se gestione de la manera más eficiente posible».
Por su parte, el Ministro de Hacienda, Adrian Câciu, explicó que se trata de hacer más eficiente el gasto público, para crear el espacio fiscal necesario para medidas de apoyo a la economía y a la población.
La prensa ha publicado el proyecto de ordenanza de reducción del gasto y, según el mismo, se congelarán las contrataciones estatales en 2023 y se anularán los posibles aumentos salariales. Así, el gasto de personal en las autoridades e instituciones públicas en 2023 no superará al de 2022. La ordenanza también afecta al sector de la contratación pública. Se prohibirá la compra, leasing o alquiler de coches, mobiliario y material de oficina. Quedan exentas las autoridades e instituciones públicas de nueva creación y los objetivos de inversión.
La ordenanza también establece la prohibición de acumular pensión y salario con el Estado, salvo para las personas que ocupen puestos docentes en centros educativos y puestos de médico especialista en centros sanitarios. La medida también se aplicaría a los beneficiarios de pensiones de servicio y pensiones militares establecidas por leyes especiales, es decir, al primer ministro, antiguo militar de carrera. Fuentes políticas afirman que el documento aún no ha sido aprobado en la coalición. En medio del debate, ahora reabierto, sobre la necesidad de eliminar la necesidad de moderación en el uso del dinero público, los analistas se hacen una pregunta legítima: ¿por qué la frugalidad y el rigor rigen el gasto del Estado sólo en tiempos de restricción presupuestaria?
Versión en español: Antonio Madrid
