Protestas de los magistrados
Descontentos con el futuro de sus pensiones, los jueces y los fiscales en Rumanía han suspendido la actividad
Ştefan Stoica, 21.06.2023, 12:45
Los magistrados en varios tribunales y fiscalías de Rumanía han suspendido este miércoles su actividad alegando que la inminente modificación de la legislación de las pensiones especiales afectaría a la independencia de la justicia. En estas condiciones, se encargarán solo de los casos urgentes, entre los que están los penales con detenidos, secuestros internacionales de niños, colocación, adopciones, custodia pública y órdenes de protección. El Consejo Superior de la Magistratura ha transmitido que toma nota y apoya de forma incondicional la postura expresada por los magistrados, es decir, que la situación es de una gravedad especial y afecta fundamentalmente a la independencia de la justicia y al estatuto de los magistrados, al tener consecuencias directas sobre el acto de justicia.
Los máximos responsables en el sistema judicial, recuerda el CSM, se han reunido con los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, a quienes han presentado el impacto que podrían tener los cambios legislativos propuestos sobre el sistema judicial que ya se enfrenta a una gran escasez de personal en el contexto de la perpetuación de la incertidumbre sobre el estatuto de los profesionales en este sector. Por otro lado, el CSM afirma que no se opone a la reforma de las pensiones especiales y se preocupa por encontrar las soluciones normativas más adecuadas para aumentar la eficacia de este proceso.
La nueva ministra de Justicia, Alina Gorghiu, ha reaccionado a la medida radical tomada por los magistrados afirmando que respeta su derecho a la libertad de expresión, pero parte de la idea de que el diálogo es la solución a cualquier problema en el sistema judicial, y no la protesta. El principio según el cual ninguna pensión puede superar el salario es moral y la sociedad rumana espera esta reforma de las pensiones especiales, considera Alina Gorghiu. La reforma de las pensiones que se basan solo en pequeña medida en la cotización durante el periodo activo y de las que se benefician sobre todo los magistrados, pero también otras categorías profesionales, es un hito en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Su incumplimiento podría conllevar la pérdida por parte de Rumanía de 3.000 millones de euros.
La coalición gubernamental formada por el PSD y el PNL quiere elevar paulatinamente la edad de jubilación en el caso de los jueces y los fiscales hasta los 65 años y también quiere que la pensión se calcule según los ingresos registrados durante varios años, y no solo durante el último año de actividad. La reforma en este sector también supondría gravar las pensiones que superen cierto nivel y eliminar las pensiones especiales en el caso de una serie de categorías como el personal especializado asimilado a los jueces y los fiscales, personal contratado para puestos de ejecución específicos en las misiones diplomáticas y el personal asimilado a los funcionarios públicos parlamentarios. El número de beneficiarios de pensiones especiales superaba en mayo de este año los 10.000, la mitad de ellos antiguos magistrados. En su caso, la pensión media supera los 20.000 leus, es decir 4.000 euros, y la mayoría del dinero procede del presupuesto público.
Traducción al español: Monica Tarău
