Continúa la reforma de las pensiones especiales
El Parlamento en Bucarest ha aprobado la ley sobre la reforma de las pensiones especiales, criticada por la oposición y los magistrados, pero por razones totalmente distintas. Ştefan Stoica.
Ştefan Stoica, 29.06.2023, 13:02
La última semana de la sesión parlamentaria ordinaria estuvo dedicada a varios proyectos de ley sobre temas delicados y que, justamente por ello, llevaban esperando mucho tiempo una solución legislativa. El lunes, en un esfuerzo de voluntad política casi sin precedentes, los senadores y los diputados eliminaron las pensiones especiales concedidas a los parlamentarios. El documento a través del cual los legisladores rumanos renunciaron, finalmente, a un privilegio considerado inmoral por la prensa y la opinión pública fue ya promulgado por el presidente del país. También el miércoles se aprobaron dos leyes delicadas y pendientes: la que prohíbe acumular la pensión y el salario en el sistema público y la ley que propone reformar las pensiones especiales, aquellas que se basan solo parcialmente en la contribución durante el período laboral y de la que se benefician los magistrados, los militares, los diplomáticos, los funcionarios parlamentarios, el personal del Tribunal de Cuentas o el aeronáutico.
En el caso de la primera, las excepciones a la prohibición de acumular la pensión y el salario han generado críticas vehementes especialmente porque incluyen a los ediles y a los parlamentarios. Otras categorías profesionales exentas son el personal docente y el sanitario especializado, los asistentes maternales y los empleados de la Academia Rumana, el Banco Nacional, la Autoridad de Regulación en el Sector de la Energía y la Autoridad de regulación en el sector de las comunicaciones. También recibió el visto bueno la reforma de las pensiones especiales.
Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo sufrió cambios importantes frente a la versión inicial. En la forma aprobada, la mayoría social liberal está aplazando de hecho la puesta en marcha de la reforma por cinco años y la prolonga hasta el 2043. Hasta 2028, los fiscales, los jueces y los militares se pueden jubilar en las mismas condiciones que hasta ahora. Aumentará por etapas la edad de jubilación de 60 a 65 años y, para jubilarse, los magistrados deberán tener una antigüedad laboral de como mínimo 25 años en su especialidad. Las pensiones que superen el ingreso medio neto de la economía serán gravadas, pero no con un 30 %, según lo previsto en la primera etapa, sino con un 15 %. Todas estas disposiciones fueron acordadas con los expertos europeos, según aseguró el primer ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu.
Cabe recordar que la regulación en el sistema de pensiones especiales representa un hito en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Desde la oposición, la USR, que quería que se eliminaran totalmente las pensiones especiales, votó en contra del proyecto, al afirmar que, tras su aprobación, en Rumanía habrá 210.000 jubilados especiales, como anteriormente. La UDMR, que ya no encontró su lugar en la coalición tras la rotación del PNL y el PSD en la dirección del Gobierno, ha afirmado que va a pasar mucho tiempo hasta que el sistema se base en la contributividad. Incluso esta versión, de la que fueron eliminadas las disposiciones más radicales, como afirman los analistas, no es del agrado del Consejo Superior de la Magistratura, que no está de acuerdo con los cambios efectuados y afirma que el Parlamento ignoró principios constitucionales y aprobó medidas con consecuencias irremediables sobre la independencia de la Justicia y del estatuto del magistrado.
Traducción al español: Monica Tarău
