Abusos en residencias de ancianos
Después del escándalo conocido como «El horror de las residencias de ancianos», en Rumanía se están llevando a cabo controles en centros de acogida de niños, personas mayores y personas discapacitadas. Un comentario de Bogdan Matei.
Bogdan Matei, 10.07.2023, 12:16
El nuevo primer ministro rumano, el presidente del Partido Socialdemócrata, Marcel Ciolacu, que lleva menos de un mes ostentando el cargo de jefe del Gobierno, tiene un comienzo de mandato nada fácil. Aparte de los problemas corrientes, debe gestionar un enorme escándalo judicial, mediático y político: los abusos escalofriantes registrados en las residencias de ancianos de los alrededores de Bucarest.
El primer ministro convocó el domingo, en el trabajo, a su equipo ejecutivo para analizar la situación del distrito de Ilfov (sur), donde los fiscales habían identificado grupos delictivos organizados que estaban explotando y maltratando a personas indefensas. El jefe del Gobierno exigió a las autoridades con competencias de control que llevaran a cabo, en todo el país, una verificación de las residencias públicas y privadas que prestaban servicios de asistencia a niños, personas mayores y personas minusválidas. Marcel Ciolacu tachó de inaceptable que las instituciones de control se echaran la culpa entre sí. «No tengo piedad alguna con los malvados que han creado estas residencias horrorosas, y el hecho de que esto haya sido posible apunta a una sola cosa: es un problema del sistema. Hay que cambiar el sistema», dijo el primer ministro.
Sus declaraciones surgen después de que los fiscales de la Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT), que es la fiscalía antimafia, abrieran una investigación en tres centros de asistencia de la ciudad de Voluntari y del municipio de Afumaţi, situados en los alrededores de Bucarest, por estar sometiendo a tratos inhumanos a los supuestos beneficiarios de los servicios que esos centros prestaban.
Varias personas han sido ya detenidas en esta causa, denominada «El horror de las residencias de ancianos», incluido el organizador de la trama, Ştefan Godei, un desconocido hasta hace muy poco. Según los investigadores, este ha cobrado del Estado rumano más de 3,7 millones de leus (el equivalente a más de medio millón de euros), en menos de dos años. Gran parte del dinero la gastaba en drogas, prostitución y músicos populares, mientras que a los ancianos se les trataba como en los campos de concentración: se les golpeaba, insultaba, pasaban hambre, estaban sometidos a trabajos forzosos y se les privaba de condiciones mínimas de higiene. Los equipos del Servicio Móvil de Urgencias, Reanimación y Rescate han recogido en los últimos días a más de 100 personas para trasladarlas a hospitales u otros centros sanitarios.
Mientras tanto, la oposición rumana exige la destitución de la ministra de Familia, Gabriela Firea, miembro del Partido Socialdemócrata, igual que Marcel Ciolacu. Según la prensa, todo el entramado de este caso lleva a Firea. El alcalde de Voluntari es, desde hace 23 años, el marido de Gabriela Firea, Florentin Pandele. Una hermana de la ministra ha dirigido el sistema de asistencia social del distrito de Ilfov. Godei, a quien los periodistas llaman el infame Godei, fue el chófer de Firea, cuando esta era alcaldesa general de Bucarest, de 2016 a 2020. Nadie invoca responsabilidades penales de Firea en el expediente «El horror de las residencias de ancianos», pero muchos coinciden en que la imagen de la ministra se ha visto gravemente afectada y repercute negativamente tanto en el Gobierno como en el partido. Y son cada vez menos numerosos los que piensan que Firea aún tiene posibilidades para volver a ser alcaldesa de Bucarest, como había anunciado que quería, de cara a las elecciones locales del año que viene.
Traducción al español: Gabriela Ristea
