Nueva ley que permite acceso a datos personales
Los líderes de los partidos parlamentarios rumanos anuncian que han descubierto la fórmula óptima de procesamiento de los datos personales y protección de la vida privada en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Bogdan Matei, 07.05.2015, 15:34
Los
políticos de Bucarest preparan una nueva receta, previsiblemente laboriosa, a
través de la cual puedan dosificar las libertades civiles y la seguridad
pública. Invitados a consultas, el pasado miércoles, por el presidente Klaus Johannis, los líderes
de los partidos parlamentarios han convenido apoyar un nuevo proyecto respecto al acceso a los datos personales en
el sector de las comunicaciones electrónicas. Este habría de rellenar el vacío
legislativo provocado a la vez con el rechazo del año pasado, por el Tribunal
Constitucional, de unos proyectos anteriores sobre el mismo tema, que
contravenían a la ley fundamental. El nuevo proyecto, declara la Institución
Presidencial, ofrece garantías suplementarias a la protección del derecho a la
vida privada. Solicitada insistentemente por los representantes de la sociedad
civil, dicha fórmula es también del agrado de los políticos. El jefe del gobierno
socialdemócrata, Victor Ponta, ha declarado que:
La
fórmula propuesta por el presidente es muy buena y respeta la decisión del
Tribunal Constitucional. Por otra parte, ponemos a disposición de las
instituciones del estado los instrumentos que necesitan para combatir el
terrorismo y para distintas situaciones previstas por la ley.
Socio júnior
en el gobierno, el presidente de la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía,
Gabriel Oprea, ha declarado que el proyecto garantiza la seguridad nacional y
respeta los derechos individuales. En
nombre del principal partido de oposición, la copresidenta del del
Partido Nacional Liberal, Alina Gorghiu, ha declarado a su vez, que el proyecto
acordado toma en consideración tanto la decisión del Tribunal Constitucional,
como los requerimientos de la Convención Europea de Derechos Humanos:
Una
modificación importante incorporada a la ley la representa la previsión
conforme a la cual el acceso a los datos de tráfico se hará solamente en un
marco delimitado y únicamente por una instancia judicial, o con la autorización
del juez.
También
de la oposición, la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía ha anunciado
ya que avanzará las enmiendas que
establezcan que la duración de almacenamiento de datos tiene que ser de seis
meses como mínimo, y dos años como máximo, una idea compartida también por el
grupo parlamentario de las demás minorías nacionales. Una vez adoptada la nueva
ley por el Parlamento, y convalidada por el Tribunal Constitucional, se pondría
fin a una tragicomedia político
legislativa que ha ocupado la primera plana de los periódicos a principios del
año.
Avanzadas por el gobierno, pero en opinión de los expertos, inspiradas íntegramente
por los servicios especiales, y denominadas por la prensa leyes Big Brother,
los proyectos rechazados han provocado una disputa sonora entre los miembros
del Tribunal Constitucional y el exdirector del Servicio Rumano de
Inteligencia, George Maior. Con una vehemencia fuera de lo común para un
personaje en general plácido en el espacio público, éste ha afirmado,
precisamente antes de presentar su renuncia, que si Rumanía se viera afectada
por atentados, él apuntaría hacia los jueces constitucionales por haber
desprovisto al servicio de los instrumentos legislativos tan necesarios en la
lucha antiterrorismo.
Esto ocurría inmediatamente después del sanguinario
atentado cometido en París contra la redacción del semanario satírico Charlie
Hebdo, cuando la emoción causada en el
mundo entero parecía justificar las solicitudes de los servicios especiales. De
todas formas, es cierto que estos
servicios parecen estar en condiciones de cumplir con su misión, también sin
las leyes Big Brother, dado que en Rumanía no han sido cometidos atentados
terroristas.
