Las decisiones de los parlamentarios generan reacciones
Los parlamentarios rumanos han aprobado un controvertido proyecto de ley sobre la despenalización del conflicto de intereses.
Roxana Vasile, 23.06.2016, 16:49
Final apoteósico de la sesión del Parlamento de Bucarest. Por supuesto, hay que tomarlo como ironía. A lo largo del tiempo, los elegidos por los rumanos, parlamentarios que en muchas ocasiones se creen por encima de todo y de todos, se han otorgado a sí mismos numerosos privilegios. Así, han adoptado leyes para protegerse ante la Justicia, cuyos representantes querían investigarles y acusarles de graves delitos. La más reciente decisión ha sido tomada este miércoles: en el contexto de las elecciones del próximo otoño, donde podrían perder su escaño en el Parlamento y por consiguiente, su inmunidad parlamentaria, los diputados y los senadores han aprobado con 306 votos a favor y solo una abstención un proyecto de ley según el cual los que hayan contratado a sus familiares para sus propias oficinas parlamentarias antes del 21 de agosto de 2013 no pueden ser acusados de conflicto de intereses. ”Lamento el voto de despenalización del conflicto de intereses en el caso de los parlamentarios”, ha dicho en un mensaje colgado en su cuenta de Facebook, la ministra de Justicia, Raluca Prună.
”Hace poco me han pedido decir qué significa para mí la restauración. Pues, precisamente esto. Y también creo que es una tiranía parlamentaria», apunta la ministra.
Cabe destacar que, según Prună, el Parlamento ha aprobado este proyecto de ley sin ningún debate previo y además, le ha prohibido hablar en el pleno al representante del Gobierno. Los expertos opinan que, a través de la despenalización del conflicto de intereses, los parlamentarios se han creado una cláusula especial para evitar cualquier acusación de delito. Al mismo tiempo, gracias a esta ley, en el futuro podrán contratar a sus familiares sin ningún problema. En este contexto, la Agencia Nacional de Integridad ha presentado su punto de vista. Por un lado, ha advertido que la decisión adoptada este miércoles por el Parlamento contradice las regulaciones previstas por el Código Penal, que incluso desde 2003 sancionan el conflicto de intereses.
Por otro lado, la decisión de los parlamentarios no va a afectar a los expedientes abiertos por este delito, que en este momento suman 29 casos de conflicto de intereses. Es más, entre 2011 y 2015, la ANI identificó 56 casos entre los parlamentarios, de los cuales 26 son de índole penal. En la mayoría de los expedientes, el tribunal ha dictado sentencias favorables a la ANI. Solo en 2015, 10 parlamentarios recibieron penas de cárcel en régimen abierto o multas penales por conflicto de intereses. A la Ley fundamental de Rumanía, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los principios del Estado de derecho también se opone otra ley que prevé que los alcaldes y los consejeros generales y locales que hayan sido condenados en régimen abierto por delitos de corrupción, pueden mantener su mandato, ha dicho el presidente Klaus Iohannis. Por esta razón, el presidente ha apelado dicha ley ante el Tribunal, también invocando la violación de la lucha contra la corrupción.
(traducido por Simona Sarbescu)
