La ley del salario unitario, debates y descontentos
El poder, la oposición y los sindicatos de Bucarest desean una ley que regule de manera unitaria el sistema de retribución salarial, pero tienen opiniones distintas acerca de las previsiones de la misma.
Bogdan Matei, 17.05.2017, 15:58
Todavía lejos de reflejarse en el nivel de vida del ciudano rumano común, el espectacular crecimiento económico presentado por las estadísticas alimenta expectativas a la altura en relación con los salarios.
Calificado a veces de la cenicienta del mercado laboral y otras veces de clase privilegiada, el sector presupuestario fue la primera víctima de los recortes salariales del año 2010, cuando la crisis económica global afectó también a Rumanía, de manera que hoy por hoy, el sector presupuestario es el primero que reivindica enmiendas, alzas y gratificaciones. El Gobierno, formado por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas, así como la oposición de derecha prometen también a los empleados del sector público una ley que regule de manera unitaria el sistema de salarios, pero tienen opiniones distintas en relación con las previsiones de la misma. Convocada el pasado martes a participar en los debates de la Comisión laboral del Senado, la titular de Trabajo, la socialdemócrata Olguta Vasilescu vino con un proyecto asumido por 205 parlamentarios en el poder y por el propio Ejecutivo. Vasilescu ha declarado que los cambios son obligatorios dado que la actual ley que regula este sector ha causado numerosas desigualdades en el sistema presupuestario y ha conducido entre otras cosas, al éxodo al extranjero de los médicos rumanos. Olguta Vasilescu:
“Esta ley prevé un crecimiento en un 56% de los salarios medios de los empleados del sector público, con alzas sustanciales de más del 100% en la base de la pirámide salarial y alzas menores en el vértice de la pirámide, por la mera necesidad de hacer una distinción en las categorías de funcionarios públicos y a fin de respetar los principios de igualdad y de no discriminación”
La oposición está de acuerdo en que una nueva ley de salarios es necesaria pero considera que el proyecto de la izquierda provocará también bajas salariales para varias categorías de empleados del Estado. La senadora PNL, Carmen Harau, vicepresidenta de la Comisión nos amplía detalles:
“Se trata de recortes de salarios que no hay que descartar. Las 32 leyes mediante las cuales se han obtenido algunos derechos salariales que ahora serán recortados, en contra de las previsiones de la Constitución, generarán una avalancha de procesos.”
Los jefes de las principales confederaciones sindicales comparten esta opinión y han declarado que varios artículos de la ley conllevarán recortes salariales y que otros son simplemente no constitucionales. El líder del Cartel Alfa, Bogdan Hossu:
“Nosotros deseamos que esta ley no pueda ser atacada. Un problema de fondo que no figura en el cuerpo de la ley, es que todo el mundo teme a que una vez aplicada la ley, los salarios sean más bajos que en el presente.”
En el Parlamento los debates continúan pero entretanto, impacientes o desconfiados en las declaraciones de intenciones de los hombres políticos, los empleados del sector público han iniciado las protestas. Los primeros en salir a la calle ya desde el mes de marzo han sido los policías. Este mes de mayo han organizado huelgas de advertencia los controladores de tráfico aéreo y los comisarios de la vigilancia de medioambiente. Hace unos días, los empleados de las aduanas y del Ministerio de Finanzas recurrieron a protestas espontáneas que amenazan con volverse en permanentes si el Gobierno no satisface sus quejas.
