Un nuevo escándalo con secretos y escuchas telefónicas
La polémica sobre la dosificación óptima entre el combate de la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos se ha vuelto a reavivar.
Bogdan Matei, 19.05.2017, 15:14
Para la prensa y la sociedad civil de Rumanía, que apoyan la moralidad en el espacio público y el castigo sin reservas a una clase política acusada de robar del país desde hace casi 30 años, la lucha contra la corrupción es una cruzada, y los magistrados son unos caballeros de la justicia. Para las decenas de importantes políticos, desde ex primeros ministros y ministros a diputados y alcaldes, de izquierda o derecha, en el poder o en la oposición, de Bucarest y de otras partes del país, que han llegado a la cárcel o al menos están acusados, la Rumanía de hoy es un Estado policial o una república de fiscales. La polémica sobre la dosificación óptima entre el combate de la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos dura desde hace unos años y se vuelve a reavivar periódicamente, cada vez que una de las partes recibe munición.
El tema de debate más reciente es el archivo del ex servicio secreto del Ministerio de Justicia. Nombrado Servicio Independiente para Protección y Anticorrupción (SIPA), funcionó desde principios de los años 90, después de la Revolución anticomunista, hasta 2006, cuando dejó de existir en el contexto de los numerosos escándalos causados por los abusos que habría cometido. Y en este intervalo habría recogido informaciones comprometedoras sobre los magistrados. Sustraídos o copiados, los expedientes del SIPA permitirían, según han afirmado ahora algunas personas del espacio público, chantajear a los fiscales y los jueces, a quienes se les pueden ordenar investigaciones o dictar sentencias. La historia es aún más complicada dado que se ha afirmado que una parte significativa de los documentos del archivo se habrían tomado directamente de la Securitate, la antigua policía política del régimen comunista. Este miércoles, el ministro de Justicia, Tudorel Toader, ha anunciado que para que terminen las especulaciones, el archivo se revelará cuanto antes. Sin embargo, el mandatario ha precisado que el Ministerio y el Gobierno sólo pueden revelar los documentos que les corresponden, mientras que los posibles secretos de Estado guardados por el SIPA tienen otro régimen. El primer ministro Sorin Grindeanu ha afirmado a su vez que es importante apartar cualquier sombra que pueda existir sobre la Justicia y que sostiene la revelación, pero respetando las leyes vigentes. La idea ha sido compartida también por las asociaciones de los mismos magistrados, así como por el presidente Klaus Iohannis, quien ha añadido sin embargo que “sería interesante ver cómo ha aparecido en el espacio público, como una sopa recalentada” este tema, más de un decenio después de que el SIPA dejara de existir. Un escándalo un poco más reciente ha sido iniciado por el catedrático Radu Chiriţă, doctor en Derecho Constitucional, quien ha anunciado en una publicación en internet, que las instituciones públicas de Rumanía han emitido en los últimos cinco años, casi 110.000 demandas de escuchas telefónicas, entre las cuales más de cien mil se han aprobado. En base a las mismas, ha añadido, se han escuchado las conversaciones de aproximadamente 300.000 rumanos. Para un total de aproximadamente 20.000.000 de habitantes, la estadística es casi inverosímil y amenaza con aumentar la sospecha generalizada de la sociedad rumana.
