Las leyes de la Justicia, a debate
En el transcurso de un año y medio, desde las pasadas elecciones legislativas, la Justicia se ha convertido en el leitmotiv del Gobierno de izquierda, integrado por el Partido Social Demócrata y la Alianza de Liberales y Demócratas. Las leyes de la Justicia, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, han pasado por un proceso de remodelación. Un proceso obligatorio, ya que la legislación en materia se tiene que armonizar con las decisiones del Tribunal Constitucional y se tiene que enmendar para eliminar los abusos, según han afirmado repetidas veces los representantes de la coalición. Sin embargo, los representantes de la oposición critican la forma en que la coalición en el gobierno impone su voluntad política y modifica las leyes de la Justicia. Además, la oposición, que también basa sus críticas en las quejas formuladas por los representantes de los magistrados y de otras instituciones internacionales, considera este proceso como un ataque contra la independencia de la justicia, un intento de socavar la actividad de la Dirección Nacional Anticorrupción, la principal institución en la lucha contra la corrupción.
Ştefan Stoica, 14.05.2018, 14:25
En el transcurso de un año y medio, desde las pasadas elecciones legislativas, la Justicia se ha convertido en el leitmotiv del Gobierno de izquierda, integrado por el Partido Social Demócrata y la Alianza de Liberales y Demócratas. Las leyes de la Justicia, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, han pasado por un proceso de remodelación. Un proceso obligatorio, ya que la legislación en materia se tiene que armonizar con las decisiones del Tribunal Constitucional y se tiene que enmendar para eliminar los abusos, según han afirmado repetidas veces los representantes de la coalición. Sin embargo, los representantes de la oposición critican la forma en que la coalición en el gobierno impone su voluntad política y modifica las leyes de la Justicia. Además, la oposición, que también basa sus críticas en las quejas formuladas por los representantes de los magistrados y de otras instituciones internacionales, considera este proceso como un ataque contra la independencia de la justicia, un intento de socavar la actividad de la Dirección Nacional Anticorrupción, la principal institución en la lucha contra la corrupción.
El presidente Klaus Iohannis, crítico fervoroso de la coalición en el poder, ha anunciado ya que reenviaría las leyes de la Justicia, relativas al estatuto de los jueces y de los fiscales, al Tribunal Constitucional. La Cámara de los Diputados está en la fase de reexaminación de dichas leyes, más exactamente de la ley relativa al estatuto de los magistrados. El Tribunal Constitucional había declarado dicha ley como no constitucional y la Comisión de especialidad del Parlamento, encabezada por el socialdemócrata Florin Iordache, operó ciertas enmiendas, entre las cuales la redefinición del error judicial. De esta manera, la coalición integrada por el Partido Social Demócrata y la Alianza de Liberales y Demócratas, ha decidido que se podría hablar de error judicial solo si en el marco del juicio hubo procedimientos que infringen de manera clara las disposiciones legales o cuando hubo un fallo definitivo del juez que infringe la ley.
La oposición acusa al poder de la falta de una definición clara y ha anunciado que es posible que vuelva a recurrir al Tribunal. Amplía detalles la senadora del Partido Nacional Liberal, Alina Gorghiu:
“Dudo que el error judicial haya sido definido según los estándares impuestos por la Comisión de Venecia, y por lo tanto volveremos a dirigirnos al Tribunal Constitucional. No haremos esto solo para molestar al señor Dragnea, el líder del Partido Social Demócrata, sino también porque consideramos que el sistema judicial se merece unas leyes mejores.
Florin Iordache ha reaccionado de inmediato y ha afirmado que, con esta nueva definición, se aplican las observaciones del Tribunal Constitucional y la responsabilidad de los magistrados queda mejor reglamentada. Florin Iordache:
“Desde el principio afirmamos que nos gustaría que los magistrados asumieran sus responsabilidades cuando se actúe de mala fe, pero al mismo tiempo nos gustaría que el error judicial fuese mejor definido, para que no haya más repercusiones contra los magistrados, salvo los casos en que se comprueba dicho error. A diferencia de nuestros colegas de la oposición, nosotros propusimos textos concretos, lanzamos a debate algo concreto.
En la agenda parlamentaria figuran también las propuestas de modificación del Código Penal. El Consejo Superior de la Magistratura ha informado ya a las fiscalías y a los tribunales que no apoya la introducción en el Código Penal de las infracciones de “mala fe y “negligencia grave u otras incriminaciones que afectan la independencia de la justicia.
Versión española: Valeriu Radulian
