Las nuevas leyes de la Justicia adoptadas por los diputados
En la Cámara de los Diputados, la coalición que está en el poder pasa sin problemas los proyectos con los que desea imponer una amplia reforma en la Justicia.
Florentin Căpitănescu, 14.12.2017, 16:00
El pleno de la Cámara de los Diputados en Bucarest ha adoptado, tras unos debates maratonianos y unos duros intercambios de réplicas entre el poder y la oposición, los proyectos de la coalición mayoritaria (del PSD y la ALDE) de modificación de las leyes sobre la organización judicial y el Consejo Superior de la Magistratura (el CSM, por sus siglas en rumano). El proyecto de ley sobre la organización judicial prevé entre otros la creación de una sección de investigación de los fiscales y los jueces y la posibilidad de que las soluciones adoptadas por los fiscales puedan ser anuladas por el superior jerárquico, si éste las considera ilegales o infundadas. La oposición ha afirmado que el proyecto de ley no respeta las recomendaciones de las asociaciones profesionales en este sector y que la sección de investigación es un instrumento de presión contra los fiscales y los magistrados. La líder de los diputados del PNL (de derecha, la principal formación en la oposición), Raluca Turcan, ha declarado:
“Hoy en el Parlamento de Rumanía se ha perfilado una mayoría tóxica, del Partido Social Demócrata, la Alianza de Liberales y Demócratas y la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía (el PSD, la ALDE y la UDMR, por sus siglas en rumano), contra el interés de Rumanía, contra los rumanos y contra la democracia. Tienen un comportamiento típicamente delincuente y la única solución decente es la de que este grupo delincuente, que ha confiscado el Parlamento de Rumanía y la decisión en nuestro país presente su dimisión.”
Como réplica, el presidente de la Comisión parlamentaria especial para la modificación de las leyes de la Justicia, el socialdemócrata Florin Iordache, ha afirmado que el documento legislativo asegura la eliminación de la intervención del factor político. Florin Iordache:
“Queremos una justicia normal, una justicia en la que ya no estemos a disposición del jefe. De aquí en adelante, sin nungún tipo de injerencia política, los jueces podrán juzgar según su propia conciencia y según las leyes en vigor.”
El segundo proyecto de ley adoptado, que se refiere al CSM, prevé que la Inspección Judicial quede en la institución, sin ser convertida en una institución autónoma, según propuso inicialmente la mayoría formada por el Partido Social Demócrata y la Alianza de Liberales y Demócratas, apoyada por la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, que está teóricamente en la oposición. En el documento se menciona también que sólo la Inspección Judicial puede ejercer una acción disciplinaria contra un magistrado, eliminándose de este procedimiento al ministro de Justicia y al presidente de la Alta Corte de Casación y Justicia. Ambos documentos serán enviados al Senado, como foro de decisión y donde está ya en el procedimiento de urgencia el proyecto sobre el estatuto de los magistrados. En la versión adoptada por la Cámara de los Diputados, se introduce el control jerárquico superior, incluso por parte del ministro de Justicia, en el caso de los fiscales, los magistrados no pueden ser colaboradores de los servicios secretos y están obligados a presentar anualmente declaraciones juradas respecto a este asunto.
