Leyes adoptadas, leyes criticadas
El escenario político rumano está alcanzando su punto de ebullición. El motivo lo representa la modificación de las leyes de la justicia
Roxana Vasile, 21.12.2017, 16:35
El PSD, principal partido de la coalición en el poder en Rumanía, ha
ambicionado ver modificadas y entradas en vigor en régimen de urgencias, tres
leyes. Se trata del estatuto de los magistrados, la organización judicial y el
funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura. El aceleramiento de los
debates en el Parlamento y de la adopción de los tres proyectos de leyes tiene,
en opinión del Poder, varias causas. En síntesis, estas leyes no han sido
revisadas desde hace más de 13 años, han generado anomalías relacionadas con la
carrera de los magistrados, o han permitido abusos por parte de unos fiscales y
jueces que al amparo de la impunidad han
dado fallos que posteriormente han sido infirmados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que
ha obligado al Estado Rumano a pagar indemnizaciones inmensas.
La oposición política de derecha así como una parte del personal al
servicio de la justicia no han negado la necesidad de modificar estas tres
leyes pero han reprochado la prisa en adoptarlas,
la falta de transparencia en el proceso de elaboración de las respectivas
normas legales así como la falta de unos
debates serios a la altura de la importancia de dichas leyes. Descontenta se ha
mostrado también una parte de la sociedad civil que no ha escatimado esfuerzo
alguno en salir a la calle para manifestar su indignación frente a las decisiones del Poder.
He aquí lo que declaraba el pasado miércoles por la noche, uno de los
protestatarios presente en la Plaza del Parlamento.
Se basan en el hecho de que la población no sabe qué significa en realidad
la independencia de los magistrados, pero la verdad es completamente distinta.
Los ciudadanos saben exactamente lo que
significa. En cambio, la coalición en el poder, mediante todas estas enmiendas
hipócritas y perversas, ejerce una presión sicológica indirecta sobre los
magistrados. Una de las modificaciones
más criticadas de la ley con respecto al estatuto de los jueces y fiscales
consiste en el hecho de que el
presidente de Rumanía puede rechazar una sola vez los nombramientos para los cargos de fiscal
general y de jefes de las principales fiscalías y debe motivar dicha decisión.
Además, si ejercen su cargo con mala fe
o cometen negligencia grave, los jueces y los fiscales tienen que responder por
sus errores.
En la ley con respecto a la organización judicial, la más controvertida
modificación prevé la creación de una sección de investigación para todas las
categorías de delitos cometidos por los
magistrados. El senador socialdemócrata Adrian Tutuianu ha explicado por
qué hace falta modificar también la
ley con respecto a la organización y el funcionamiento del Consejo Superior de
la Magistratura.
El Consejo Superior de la Magistratura no ha cumplido a lo largo de estos
13 años su papel de garante de la independencia de la justicia, de organismo
autorregulador del sistema judicial. En segundo lugar, mediante la ley 303 del
año 2004 hemos decidido separar las atribuciones de decisión con respecto a la
carrera de los magistrados, jueces, fiscales, y en consecuencia, hace falta
modificar la ley 317 del año 2004. Además es necesario poner en aplicación
varias sentencias del Tribunal Constitucional, pronunciadas incluso hace 3 o 4 años.
El presidente Klaus Iohannis quien puede promulgar o no las tres leyes ha
llamado la atención acerca de las consecuencias que podrían tener estas
modificaciones en la relación de Rumanía con la UE. Iohannis ha advertido que la organización de un referéndum sobre el
tema de las leyes de la justicia no es el último as que se guarda en la manga.
(Traducido por Rodica Popa)
