Colectiv, un drama nacional
Han pasado cuatro años desde que Rumanía vivió la mayor catástrofe civil en los tres decenios de su historia postcomunista.
Bogdan Matei, 28.10.2019, 15:11
El 30 de octubre de 2015, durante un concierto ofrecido por el grupo de música rock Goodbye to Gravity, organizado en la discoteca Colectiv de Bucarest, una explosión causada por fuegos artificiales que formaban parte del espectáculo hizo arder un pilar y parte del techo. El material del recubrimiento no era ignífugo y facilitó la extensión rápida del fuego en la sala. Debido a las quemaduras o a la mezcla de sustancias tóxicas inhaladas, 64 personas fallecieron y casi 200 resultaron heridas. Posteriormente, casi 2 años después de la tragedia, un joven herido en el incendio se suicidó. En otoño de 2015, después de tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas de Colectiv, decenas de miles de rumanos salieron a la calle en Bucarest para protestar en contra de la ineficiencia de las autoridades. Bajo el lema “La corrupción mata”, pidieron y lograron entonces obtener la dimisión del Gobierno socialdemócrata dirigido por Victor Ponta y de los responsables de la administración local que habían autorizado el funcionamiento de la discoteca aunque el local no cumpliera las condiciones legales de seguridad.
En la justicia continúa el calvario de los sobrevivientes y de las familias de los fallecidos. En el expediente Colectiv en el que fueron enviados a juicio los dueños del local no se ha dictado ninguna sentencia. La semana pasada, el ministro de Sanidad de aquel entonces, Nicolae Banicioiu, no compareció en la sede de la Fiscalía General, donde había sido citado como testigo en un expediente relacionado con la manera en la que intervinieron las autoridades después del incendio ocurrido el mes de octubre del 2015. Poco tiempo después de la tragedia de Colectiv, Banicioiu declaró que las autoridades rumanas no necesitaban ayuda del extranjero para tratar a los heridos, “y nuestros médicos pueden hacer frente con éxito a cualquier situación”. Posteriormente, la Fiscalía General abrió un expediente penal in rem por la comisión del delito de homicidio culposo grave, prevaricación y negligencia profesional. Dicho expediente se refiere a la asistencia médica concedida a las víctimas, a las posibles infecciones nosocomiales adquiridas en los hospitales rumanos así como a las acciones o inacciones de los empleados públicos en cuanto a la transferencia de los heridos al extranjero.
También la semana pasada, un grupo cívico de Iasi (en el este del país), presentó una denuncia penal en la Fiscalía General contra el Departamento para Situaciones de Emergencia encabezado por el longevo secretario de Estado Raed Arafat, jefe desde 2007, por ocultación de pruebas de vídeo importantes con los primeros minutos de la intervención de los bomberos en el incendio de la discoteca Colectiv. “Todos supimos que la intervención fue caótica, desde el comienzo sospechamos la falta de profesionalidad y empatía de los «salvadores» y las pruebas de vídeo confirmaron nuestras sospechas”, según acusan los militantes cívicos después de que el periódico Libertatea presentara una grabación de la intervención de los equipos del Departamento de Situaciones de Emergencia que llegaron al lugar de la tragedia. Arafat ha declarado que no sabe nada de la grabación y que no presentará su renuncia, pero dimitirá si el primer ministro se lo pide.
