Decisiones en algunos casos ruidosos
Sentencia de condena a prisión en el caso de la financiación de la campaña electoral presidencial desarrollada en Rumanía en 2009.
Roxana Vasile, 03.03.2021, 13:28
Desde 2009, desde las elecciones presidenciales en las que Traian Băsescu ganó su segundo mandato, hubo algunas preguntas sobre la validez de la campaña electoral y de las elecciones, pero no hubo una respuesta clara. Hasta este martes. Después de muchos años de investigación, la justicia rumana ha dictado varias sentencias claras de condena a prisión en un caso de financiación de la campaña electoral del exjefe de Estado de centroderecha. Las “protagonistas son la exministra de Desarrollo, Elena Udrea, colaboradora cercana del expresidente y coordinadora informal de su campaña presidencial, e Ioana Băsescu, notaria pública, hija del político. Elena Udrea ha sido condenada a ocho años de prisión e Ioana Băsescu a cinco por lavado de dinero y por haber instigado a otras personas a aceptar sobornos. Las investigaciones desarrolladas por los fiscales anticorrupción han revelado hechos de abuso de autoridad, fraude y concesión de contratos públicos a cambio de sobornos para apoyar la campaña presidencial. De esta manera, habrían sido obtenidos aproximadamente 1,6 millones de lei (el equivalente a más de 300.000 euros). Ambas personas acusadas han negado constantemente las acusaciones y este martes, la exministra de Desarrollo se ha declarado profundamente sorprendida por la sentencia, considerándola injusta: “¡no he matado, no he violado, no he huido con el dinero a casa!, ha afirmado Elena Udrea. La sentencia no es definitiva y puede ser apelada. Después de redactar en detalle las razones, el expediente llegará al Tribunal Supremo, donde se tomará la decisión final.
Este no es el caso de otro expediente investigado por la justicia, el de la manifestación organizada el 10 de agosto de 2018 en Bucarest contra el antiguo Gobierno del PSD. A través de una decisión final, el Tribunal de Bucarest ha rechazado la solicitud de la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT, por sus siglas en rumano) de reiniciar la investigación penal. El caso ha sido cerrado y los entonces jefes de la Gendarmería ya no serán investigados penalmente por la intervención contra los manifestantes considerada desproporcionada por algunos. Inicialmente, en junio del año pasado, la DIICOT cerró el caso de la manifestación del 10 de agosto, tanto la parte de la investigación de los jefes de la Gendarmería, como el informe respecto a una tentativa de golpe de Estado. Posteriormente, el exfiscal jefe de la DIICOT anuló parcialmente la solución de cerrar el caso y ordenó que se reiniciara la investigación penal sólo en el caso de los exjefes de los gendarmes. Ahora, después de la decisión que el Tribunal de Bucarest ha tomado este martes, los representantes descontentos de algunas asociaciones cívicas han anunciado que denunciarán a Rumanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Versión española: Monica Tarău
